Centrales de trabajadores denunciaron atropellos de las fuerzas armadas contra mineros en dicho municipio antioqueño.
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Con el fin de favorecer a la multinacional canadiense Continental Gold y en detrimento de los intereses de los mineros independientes del municipio de Buriticá, Occidente antioqueño, las autoridades departamentales y militares estarían adelantando operativos en los que se han presentado atropellos de la fuerza pública, según denuncias de los afectados.
Con unos mil 500 hombres del Ejército y la Policía, la Gobernación de Antioquia presuntamente habría ordenado el desalojo de por lo menos cuatro mil personas dedicadas a la minería en Buriticá, donde la extracción aurífera es la principal actividad económica.
De acuerdo con Jaime Montoya Restrepo, secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Antioquia -CUT-, al menos dos mil 600 mineros habrían sido detenidos, en tanto que sus herramientas de trabajo fueron confiscadas por las autoridades competentes.
«Por orden de la Gobernación están reprimiendo a los mineros de Buriticá, los desalojaron a todos. Mientras tanto, están salvaguardando los intereses de la Continental Gold, una multinacional canadiense que está sacando jugosas ganancias allí», señaló Montoya Restrepo.
Al parecer, la compañía internacional sería la demandante, ya que particulares estarían extrayendo ilegalmente recursos auríferos en zonas concedidas a la empresa.
Según el líder de los trabajadores, la supuesta represión no solo la sufrieron los mineros de Buriticá. «También hay denuncias de Puerto Inírida, Santander de Quilichao y en Chocó, donde hay comunidades indígenas afectadas que también viven de la minería», indicó.
Además, según Montoya Restrepo, en el municipio antioqueño de Segovia habrían muerto 20 personas relacionadas con el caso, mientras los mineros que todavía ejercen su oficio estarían pagando elevadas «vacunas» a grupos criminales para poder trabajar.
No obstante, para Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, nada dista más de la realidad. «La Procuraduría, públicamente, nos hizo un homenaje por la defensa de los derechos humanos, al igual que la Defensoría del Pueblo», dijo Pérez, quien así justificó que el presunto proceso de desalojo en Buriticá no fue tal, sino una negociación pacífica entre la Administración Departamental y los mineros.
«Cerca de cuatro mil personas han salido voluntariamente en Buriticá, y ahora la población está feliz», aseguró Pérez, quien además expresó la intención de la compañía canadiense Continental Gold de garantizar por lo menos mil 500 empleos para los habitantes que pudieran resultar afectados.
«Seguiremos buscando que los mineros de la zona tengan un empleo o inicien un proceso de formalización. Queremos dejar desarrollo integral, una zona organizada donde se evidencie que la minería puede traer progreso», concluyó el Gobernador.
Sin embargo, el Secretario General de la CUT manifestó que dichas declaraciones son erróneas, ya que los mineros del municipio fueron «sacados a la fuerza».
