Desde Corantioquia se adelanta una investigación, pero aún no se conoce si la responsabilidad recae en la cantera o fue a causa de un fenómeno natural.
Para dar claridad a una serie de conjeturas que han surgido después del deslizamiento de tierra que se presentó en la Autopista Medellín – Bogotá y que ha cobrado la vida de cinco personas hasta el momento, Alejandro González Valencia, director de Corantioquia, aclaró que la cantera ubicada en el sitio del derrumbe no es ilegal y que hay un grupo interdisciplinario investigando si tienen o no responsabilidad en el hecho.
La cantera, llamada Las Nieves 1, “tiene un título minero otorgado por la Secretaría de Minas de la Gobernación desde octubre de 2003”, y además cuenta con licencia ambiental de Corantioquia desde el 2006, como lo aclaró González Valencia.
Ante los señalamientos de grupos ambientalistas que aseguraron que esta era una tragedia avisada, González expresó que desde el 2006 han hecho visitas de control y seguimiento; producto de eso “en el 2008 se le hicieron requerimientos y suspensión de actividades, cosa que asumió la empresa y que corroboró Corantioquia en el año 2010”.
Desde ese entonces, según el Director de Corantioquia, se han realizado las visitas correspondientes verificando el adecuado cumplimiento general de la normatividad ambiental.
Sin embargo, eso no exime a la cantera de una investigación en la que participan expertos como geólogos, ingenieros civiles y sanitarios de diferentes instituciones, con el fin de determinar si la responsabilidad es de la empresa por algo “que hicieron o dejaron de hacer” o si fue a causa de un fenómeno natural.
Se estima que en el sector operan siete canteras, las cuales han sido intervenidas por las Autoridades ambientales a raíz de denuncias que han recibido y en algunas de ellas han logrado capturas por operaciones irregulares, como lo aceptó Alejandro González.
Respecto al tema, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, convocó una reunión extraordinaria al mediodía con el fin de analizar el tema de las canteras y tomar decisiones que se anunciarán una vez concluya el encuentro.
Calamidad pública
Por otra parte, se declaró calamidad pública en el municipio de Copacabana a causa de la emergencia, lo que permite que el Alcalde utilice recursos nacionales, departamentales y locales a fin de normalizar la situación.
Según Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), se han removido más de 3 mil metros cúbicos de tierra y se calcula que puedan ser 50 mil metros cúbicos.
En esas operaciones, en las que participan 300 operarios, se logró el avistamiento de dos nuevos cuerpos sin vida. También cabe recordar que hay cerca de 17 personas reportadas como desaparecidas y que las autoridades no pierden la esperanza de encontrarlas con vida.
