El ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, negó enérgicamente las «difamaciones» recogidas en el informe anual de la ONG Human Rights Watch (HRW), donde se le acusa de impulsar reformas legislativas para dejar en la impunidad miles de ejecuciones extrajudiciales.
En el documento de HRW, que también analiza a otros 89 países, vuelve a denunciarse que el Ministerio de Defensa obstruye deliberadamente las investigaciones sobre las más de 3.500 ejecuciones extrajudiciales a civiles cometidas por militares «durante el Gobierno de Álvaro Uribe», entre 2002 y 2010.
Por estos asesinatos, conocidos en Colombia como «falsos positivos», se han obtenido condenas para 402 casos, según HRW, que señala que la gran mayoría de los 785 miembros del Ejército condenados son soldados de bajo rango y suboficiales, y que algunos militares condenados han gozado de privilegios.
La organización afirma que Pinzón promueve tres reformas legislativas «que posibilitarían que los casos de falsos positivos sean sustraídos de la actuación de los fiscales de la justicia ordinaria y remitidos al sistema de justicia penal miliar que tradicionalmente no ha conseguido que los responsables rindan cuentas por sus crímenes».
El ministro de Defensa respondió hoy a la ONG en un duro comunicado en el que afirma que no permitirá «difamaciones en contra de nuestra gente», en alusión a las Fuerzas Armadas.
«No es aceptable que haya difamación y mentiras que pretendan menoscabar una gestión transparente y comprometida con el Estado de Derecho, la Constitución y el pueblo colombiano», aseveró Pinzón.
El ministro negó que ampliar las competencias de tribunales militares cree impunidad, puesto que, aseguró, los textos de las reformas «han sido redactados por los principales expertos en materia de derecho penal, constitucional y de derechos humanos», y no son «caprichos, ni apasionamientos políticos».
También rechazó que, tal y como indica HRW en su informe, durante 2013 y 2014 se hayan registrado «algunos nuevos casos» de «falsos positivos», ya que «de acuerdo a información de Naciones Unidas, no han ocurrido en los últimos años casos» de esta naturaleza.
«No se puede pretender usar indiscriminadamente el término ‘falso positivo’ -que no tiene descripción penal- para enmarcar toda una serie de muertes en operaciones militares y así sembrar un manto de duda sobre el actuar de las FF.AA. y quienes participan o comandan esas acciones», afirmó.
Los falsos positivos son casos de civiles que fueron reclutados bajo la promesa de un empleo para luego ser asesinados y presentados ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate por militares que buscaban obtener beneficios o ascensos.
El informe de HRW amplía las conclusiones presentadas el pasado diciembre en Bogotá por el director para las Américas de esta organización, José Miguel Vivanco, quien arremetió contra Pinzón al asegurar que organiza una «emboscada legislativa» para «blindar» los crímenes cometidos por militares en el marco del conflicto armado.
