Los crímenes contra activistas de los derechos humanos son una estadística en Colombia donde las agresiones en su contra no cesan y 34 de ellos fueron asesinados en el primer semestre de este año, según un informe del programa no gubernamental Somos Defensores.
Por eso el informe, que será divulgado el próximo martes y al cual tuvo acceso Efe, se titula «Los Nadies», nombre tomado de un poema del escritor uruguay Eduardo Galeano, fallecido en abril de este año, que habla de «los ningunos, los ninguneados», aquellos «que no tienen nombre, sino número (…) que cuestan menos que la bala que los mata».
Según el Programa Somos Defensores, los activistas asesinados no significan nada «tanto para el Gobierno de Colombia, como para las autoridades judiciales de la Nación y para un país indolente que no se inmuta ante el perverso sacrificio diario de estos hombres y mujeres».
Las cifras son elocuentes, los 34 activistas asesinados entre enero y junio de este año (30 hombres y cuatro mujeres), representan un aumento del 15 % en comparación con los 30 del primer semestre de 2014.
De estas víctimas, nueve eran líderes indígenas, cinco de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) y cuatro de asociaciones comunitarias.
También hay tres campesinos, dos periodistas que fueron asesinados en los departamentos del Caquetá (sur) y Valle del Cauca (suroeste), así como líderes mineros, estudiantiles y sindicales, entre otros.
La mayoría de estos asesinatos fueron cometidos en las regiones, donde es más patente la violencia contra los defensores de los derechos humanos, y donde el Gobierno ha dicho que debe hacerse un esfuerzo adicional para poder construir la paz que el país espera alcanzar si se firma un acuerdo con la guerrilla de las Farc en los diálogos que celebran en Cuba.
«No nos cansamos de decir que en medio de una coyuntura política tan importante e histórica como la actual, donde está priorizada la búsqueda de la paz, aún no se dimensiona la valía del liderazgo social y de defensores en los territorios, para la construcción de una democracia real», señala el estudio de Somos Defesores.
La investigación, basada en datos del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Siaddhh) de Somos Defensores, con el apoyo de las embajadas de Canadá y Noruega, y de la ONG Diakonia Suecia, señala además que 13 de los asesinados habían denunciado amenazas mientras que los 21 restantes no.
Somos Defensores recuerda que aunque los actores del conflicto armado «han insistido en que la construcción de la paz debe hacerse desde y para las regiones, con las organizaciones sociales y las comunidades», la realidad es otra, «pues ni los protegen, ni los respetan».
«Una comunidad sin liderazgos no tiene horizonte y Colombia sin comunidades organizadas, no tiene como construir y sostener la paz», afirma el estudio, según el cual las autoridades deben dejar de ver a los activistas del movimiento social «como ‘Los Nadies’ de las regiones; a quienes da igual tenerlos vivos o muertos».
El desinterés ante estos casos se refleja en el hecho de que en 28 de los asesinatos todavía se desconocen los autores, mientras que dos fueron atribuidos al Ejército, dos a grupos de origen paramilitar, uno al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y uno a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Según el informe, falta eficacia de la Fiscalía para investigar, pues de los 219 homicidios de defensores de derechos humanos ocurridos entre enero de 2009 y junio de 2013, «el 95 % de estos casos nunca pasó de la etapa de investigación preliminar (…) y tan solo un caso contaba con una sentencia en firme contra los asesinos».
El documento añade que en el primer semestre de este año, 399 defensores fueron «víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad y obstaculizó la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos en Colombia», lo que representa un aumento del 105 % frente a los 194 casos registrados en el mismo periodo de 2014.
En esos casos, que incluyen los 34 asesinatos «la Fiscalía no mostró avance en un solo caso», señala el estudio.
