El Consejo de Estado encontró que con la puesta en marcha de la «zona de despeje», el demandante no pudo seguir ejerciendo sus derechos.
El Consejo de Estado le pidió este martes a la Fiscalía, que investigue a la guerrilla de las Farc por el desplazamiento forzado del que fue víctima un campesino en 1999 en la llamada «zona de distensión».
Según la demanda del campesino Francisco Ocampo Ospina, en diciembre de 1999, hombres armados ingresaron a sus predios y hurtaron ganado y otros enseres, luego de recibir amenazas constantes para que se cancelara la denominada «vacuna» y por ese motivo «se vio obligado a abandonar sus tierras», indica el documento del Consejo de Estado.
«Las Farc transgredieron las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario al provocar el desplazamiento forzado del dueño de tres predios ubicados en el municipio de Mesetas, Meta, que hizo parte de la zona de distensión para diálogos de paz», afirmó el tribunal.
También, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizar un informe especial relativo a las violaciones a los derechos humanos y al DIH que se hubieran podido cometer con ocasión de la zona de distensión.
La zona desmilitarizada comprendía casi 43 mil kilómetros cuadrados en municipios de los departamentos del Meta y Caquetá que el entonces presidente colombiano, Andrés Pastrana, autorizó en el sur del país para un proceso de paz con las Farc que comenzó en 1998 y finalizó sin éxito en 2002.
El fallo agrega que teniendo en cuenta que en Colombia existe un conflicto armado, es deber de las partes respetar las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario.
