A la fecha, alrededor de 507 mil víctimas han recibido una indemnización económica por parte del Estado.
Tras el Primer Encuentro Nacional de Líderes de Víctimas, realizado en la ciudad de Medellín, se suscribió un acuerdo mediante el cual los 52 representantes de población afectada por el conflicto armado podrán tener incidencia política en las decisiones en torno a reparación que tomen alcaldes y gobernadores en el futuro.
Así, pues, los líderes solicitarán a autoridades departamentales, municipales y locales que prioricen a la población víctima de los delitos de tortura y relacionados con minas antipersonales a la hora de ejecutar proyectos de generación de ingresos, salud, educación y vivienda.
«Este documento será unos de los insumos que deberán incluir los próximos gobernadores y alcaldes para concebir los programas de la ruta de reparación individual y colectiva para las víctimas de las minas antipersonales y de tortura que sufrieron no solo daños físicos, sino también emocionales», explicó Farid Alberto Usme, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas en Antioquia.
Según Usme, estos dos hechos victimizantes son los menos visibles hasta el momento, a diferencia del desplazamiento forzado y el homicidio, por poner un ejemplo. En relación con las «víctimas de minas y tortura no sabemos con certeza cuántos son mujeres, hombres o niños para enfocar su reparación de manera diferencial; son hechos atroces, que hasta hoy han permanecido muy invisibles y requieren atención psicosocial», manifestó el funcionario.
Además, dentro del documento se especificó un componente que permitirá a las mesas departamentales de víctimas trabajar de la mano de alcaldes y gobernadores, a fin de diseñar programas que brinden a la población afectada oportunidades de acceso a la vivienda y proyectos productivos.
Joel Rojas, representante de Putumayo, segundo departamento más afectado por minas antipersonales en Colombia, indicó que con el documento «se espera que mejore la atención, entre ellas la rehabilitación de las víctimas por minas y la atención psicosocial para los que sufrieron tortura».
Por su parte, Gabriel Bustamante, subdirector de participación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, expuso que «el tema de minas se cruza con restitución de tierras porque hay muchas zonas de despojo que están minadas y eso implica también trabajar en seguridad y garantías de no repetición».
En cuanto a los afectados por tortura, «mucha población ni siquiera es consciente de que fue víctima de tortura, pero sufre las secuelas que afectan su vida», precisó Bustamante. Precisamente, de acuerdo con un estudio del Ministerio de Salud, el estado de la salud mental de los colombianos y, especialmente, de las víctimas, es «grave y preocupante».
Cabe destacar que, a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral para las Víctimas, 83 mil personas han sido atendidas en modalidad individual, familiar y comunitaria. De igual manera, por medio de la estrategia de recuperación colectiva «Entrelazando», cerca de 43 mil personas han participado en la construcción de tejido social.
