En el Urabá antioqueño, por ejemplo, la cantidad de fallos de restitución de tierras ascienden apenas a un 0.5%, según fundación Forjando Futuros.
La Corte Constitucional otorgó un semestre de plazo al Estado para que presente un plan estratégico para la restitución de tierras, con el fin de agilizar un proceso que presenta retrasos en gran parte del país, como es el caso de Antioquia.
«Dicho plan debe ser elaborado por la Unidad de Tierras, pero su expedición es responsabilidad del Gobierno Nacional en su conjunto. Lo anterior, obliga al Gobierno a coordinar las instancias que intervienen en el proceso de focalización, con el propósito de evitar cualquier tipo de desarticulación institucional«, reza la sentencia de la Corte.
Según Gerardo Vega, director de la fundación Forjando Futuros, el fallo es el resultado de las demandas que desde hace algún tiempo reclamantes y personas afines a su fundación han requerido de las autoridades.
«La restitución no puede ser de manera indefinida; las víctimas no se pueden quedar esperando ni ser discriminadas», precisó Vega, quien agregó que es necesario que haya «enfoque diferencial; Se debe priorizar a las personas de edad avanzada y a los pertenecientes a grupos étnicos»
Según Vega, la restitución de tierras es el proceso con mayor retraso de los que ejecuta el Gobierno nacional en su compromiso por reparar el daño que ha causado a las víctimas el conflicto armado en Colombia.
«Hemos advertido desde Forjando Futuros que la restitución marcha demasiado lento. La microfocalización (permiso que dan las fuerzas militares para que una tierra se pueda restituir o no) ha generado demoras. La ley indica que el juez debe compensar con dinero o con tierra en otra parte a la víctima, y no someterla a una eterna espera, que es lo que ha hecho el Gobierno», indicó el Director de Forjando Futuros.
¿Y en Antioquia?
Antioquia es el departamento con mayor cantidad de víctimas registradas por la Unidad. Asimismo, también es donde mayor cantidad de retrasos presente el proceso de restitución de predios.
«En Urabá, fundamentalmente, está la mayor dificultad, debido a la presencia de bandas criminales y grupos armados. A esos hay que sumar a un sector de empresarios que se oponen y han impedido la restitución«, señaló Vega.
Pero los retrasos son tan solo una de las problemáticas que aquejan a Urabá en materia de restitución. De acuerdo con cifras suministradas por Forjando Futuros, desde que entró en vigencia la Ley 1148, en dicha región de Antioquia han sido asesinados 17 reclamantes de terruños.
En el mismo lapso, en todo el territorio nacional han muerto 71 víctimas de desplazamiento, en su mayoría que habitan en zonas donde confluyen grupos guerrilleros y paramilitares.
