Según defensores de derechos humanos, el panorama de los 120 mil presos que hay en Colombia es crítico. El departamento no se escapa de la crisis.
Una bomba de tiempo. Así catalogaron expertos y activistas de defensores humanos la situación que enfrenta la población carcelaria de Antioquia, que actualmente sufre de un hacinamiento en algunos casos superior al 300% y no tiene garantías en la prestación del servicio de salud.
La situación más crítica se estaría presentando en las cárceles de Bellavista, El Pedregal, Puerto Triunfo e Itagüí, donde al hacinamiento y precarias condiciones salubres se sumaría el control criminal de los patios por parte de algunos internos, quienes se aprovechan de la problemática para fortalecer sus redes de microtráfico al interior de los presidios.
De acuerdo con Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social -Corpades-, en el país hace falta una «política carcelaria real», en la cual no «se considere que a punta de cárcel se solucionan los problemas» de seguridad. (Más información: Internos de Bellavista, sin insumos ni medicamentos).
«La población carcelaria está asistiendo a una desidia total del Estado. No hay política carcelaria ni de resocialización, pues las cárceles son lugares donde se fortalece el crimen, lo que no permite que los internos se reintegren socialmente», señaló.
En las cuatro cárceles anteriormente mencionadas, afirma Quijano, hay alta corrupción en una parte del personal del Inpec, lo que junto con el hacinamiento y la ausencia estatal, favorecen a un «cogobierno de los internos», quienes mandan paralelamente a la ley.
«La crisis en Bellavista es por la mala alimentación, pocas garantías para salud y el cogobierno de los presos. Decían que Pedregal iba a ser diferente, pero es uno de los lugares más tenebrosos y peligrosos por los altos índices de corrupción«, dijo Quijano, quien agregó que los complejos de Itagüí y Puerto Triunfo, así mismo, «reflejan la crisis carcelaria de Antioquia y Colombia».
Por su parte, Jorge Carmona, defensor de la Mesa de Derechos Humanos del Valle del Aburrá, manifestó que las cárceles del departamento son «una bomba de tiempo», pues «no tienen salud, no tienen médicos, ni tienen nada; son una vergüenza».
Adicionalmente, las condiciones de insalubridad se agravan por la elevada cantidad de presos que ingresan: cárceles con capacidad para dos mil 500 presos, tienen más de siete mil. Y no se tienen en cuenta las cifras de las celdas primarias, donde sin haber sido judicializados, cientos de personas posiblemente inocentes padecen el mismo problema. (Amplíe: Hacinamiento en cárcel El Pedregal, una problemática que crece con el tiempo).
«En el área metropolitana se da un promedio de 120 capturas diarias, en cuestión de ocho meses habría seis mil personas que ingresarían a [los recintos carcelarios], sumándose a los que ya hay. ¡Imagínese! Deben haber penas menores. Los de alimentos, por ejemplo, si un papá no responde por un hijo afuera mucho menos lo va a hacer estando encarcelado», apuntó Carmona.
Fernando Quijano concluyó que «organismos como el Ministerio de Justicia y el Inpec son obsoletos y no están acordes a la realidad del país: hay una crisis que es de todos los niveles». Su parecer lo comparten otros defensores de derechos humanos del departamento y Colombia, donde la falta de garantías para los reclusos también ha llamado la atención de organismos de control y vigilancia. (Lea también: Salud de los presos en el país está tocando fondo, advirtió la Defensoría).