En la Feria del Libro de Bogotá, se aprovechó para recordar a los periodistas asesinados por su ejercicio informativo.
Cuando el periodista Julio Daniel Chaparro y el fotógrafo Jorge Torres emprendieron su viaje a Segovia, Antioquia, esperaban encontrar la verdad detrás de la masacre de 1988, donde 43 personas murieron a manos de paramilitares del Magdalena Medio.
A través de la serie de crónicas llamada «Lo que la violencia se llevó», pretendían conocer de primera mano la condición de vida de los pobladores sobrevivientes y cómo, pese al conflicto armado, los habitantes lograban salir adelante.
No obstante, nunca se toparon con la respuesta a sus interrogantes. Pero sí lo hicieron con la violencia. El mismo día que llegaron al municipio fueron cruelmente asesinados por «quién sabe quién», pues el crimen, parte de una medida sistemática de proscripción a la libertad de información, aún sigue impune.
«Después de 25 años, todavía no se sabe quiénes fueron los victimarios, los perpetradores intelectuales y materiales de la muerte de Chaparro. Es un crimen atribuido, pero no tiene ningún tipo de sentencia», indicó Germán Rey, relator del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- denominado «La palabra y el silencio».
Precisamente, dicha organización participó en la Feria del Libro que se lleva a cabo en Bogotá, donde asistieron decenas de comunicadores y periodistas de todo el país y en el cual se habló sobre la proscripción violenta que tuvo el ejercicio investigativo en la época del paramilitarismo en Colombia.
Como botón de muestra, «Julio Daniel fue asesinado en el período más grave de violencia contra periodistas, que fue entre 1986 y el 2006», detalló Rey, quien señaló que Antioquia fue «una de las cinco regiones más asoladas por la violencia contra periodistas en Colombia«.
No obstante, el presunto resurgimiento de un nuevo paramilitarismo, la lucha entre los grupos subversivos por el control de rutas del narcotráfico y su afán de ocultar la realidad social del país, han hecho que ejercer el periodismo en el territorio colombiano vuelva a ser peligroso. (Más información: ¿Paramilitares reinventados? Ofensiva del ‘Clan Úsuga’ conmocionó al país).
Justamente, una de las regiones más riegosas para los periodistas en el mundo entero, según Rey, es el Bajo Cauca antioqueño, donde fue asesinado el periodista radial Luis Carlos Cervantes, mientras trabajaba en el municipio de Caucasia. (Lea también: Paramilitarismo inexistente para el Gobierno es principal violador de DDHH en Colombia).
A pesar de la impunidad de estos delitos, el hijo de Julio Chaparro, Daniel, decidió seguir el camino de su padre como reportero y poeta. «[Él] es quien ha mantenido viva la memoria de su padre. Todos quienes hemos estado alrededor somos facilitadores o gente que le ayuda a pedalear, pero sólo al trabajo de Daniel se puede atribuir que muchas personas le hayan hecho la trampa a la censura», dijo Pedro Vacca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-.
Además de participar de la Feria del Libro y visibilizar la proscripción hacia el periodismo en Colombia, la Unidad de Víctimas anunció medidas para reparar de forma colectiva a los comunicadores y reporteros del país quienes, de alguna forma u otra, han sido víctimas del conflicto en el país.
En Colombia, 152 periodistas han perdido la vida a manos de grupos armados ilegales, algunos de ellos financiados por jerarquías políticas, en el ejercicio de su labor.