La afirmación, proveniente de una ONG, contradice la postura del Gobierno, que asevera que el paramilitarismo está extinto y que en el país solamente hay Bacrim.
Según la ONG Centro de Investigación y Educación Popular -Cinep-, los paramilitares, oficialmente desmovilizados en 2006 durante el gobierno de Álvaro Uribe, fueron los principales autores de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario -DIH- en 2015,
Esta ONG, vinculada a la Compañía de Jesús (jesuitas) y que analiza la realidad del país, presentó hoy en Bogotá su informe sobre la situación en 2015, año en el que fueron registradas mil 882 violaciones a los derechos humanos por persecución política y mil 234 infracciones graves al DIH.
«Cuando se habla de responsables el peso de los paramilitares es enorme», declaró en rueda de prensa el sacerdote e investigador del Cinep, Javier Giraldo. Y es que, según consta en el informe, los paramilitares son los presuntos responsables del 54% de las mil 882 violaciones a los derechos humanos conocidas por el Cinep en 2015, seguidos por la Policía, con un 30%; el Ejército, con el 15 %, entre otros.
Por otro lado, en el caso de las infracciones graves al DIH los paramilitares aparecen como presuntos responsables del 69% de los casos, seguidos del Ejército, con el 14%; la Policía, con un 13%; y la guerrilla de las Farc, con un 4%.
En el país se considera que los paramilitares se disolvieron en 2006, cuando se desmovilizaron más de 30 mil hombres armados de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-. (Lea también: Conflicto armado colombiano y «nuevo» paramilitarismo, foco de atención internacional).
Sin embargo, en los últimos años se ha hecho fuerte la acción de bandas criminales de origen paramilitar, pues parte de ellas están integradas por exparamilitares, si bien el Gobierno ha negado repetidamente que estos grupos representen el resurgimiento del paramilitarismo.
«Por más que las Farc lo quieran llamar paramilitarismo, puede que sean personas que hayan pertenecido a grupos paramilitares, pero hoy simplemente son bandidos organizados que buscan el lucro a través del delito», dijo este martes el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
No obstante, Giraldo subrayó que «el fenómeno del paramilitarismo, que ha tratado de presentarse en el lenguaje oficial como algo del pasado, aparece aquí como una fuerza muy grande» y consideró que estas bandas no presentan «ninguna diferencia de fondo con el paramilitarismo de las últimas décadas». (Amplíe: ¿Paramilitarismo reinventado? Ofensiva del ‘Clan Úsuga’ conmocionó al país).
Otro de los aspectos en los que se centra el informe es la destacada «tendencia a la baja de los muertos en combate» tanto de las Fuerzas Militares, como la de la Policía y los grupos guerrilleros. «Entre 2014 y 2015 disminuyeron los muertos del Ejército en un 23,7 %; de las FARC en un 61 %; del ELN en un 58,3 % y de la Policía en un 68,8 %», apunta el texto.
La progresiva reducción de la violencia y hostilidades, sin embargo, «ha funcionado entre los combatientes, pero no se ha detenido y, al contrario, crece la hostilidad contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos«, en su mayoría amenazas.
Así, el Cinep alerta de que en el país «no se ha reducido la violencia, sino que han variado los métodos de victimización«, y además «existe una creciente criminalización de la protesta social mediante la judicialización de líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos».
De hecho, según la ONG, la «detención arbitraria» se disparó en los últimos dos años. «Entre 2014 y 2015, la Policía elevó sus casos en un 175,9 %, y el Ejército en un 130 %», se afirma en el documento.
