Por falta de pago, muchos profesionales de la salud que trabajaban en los centros carcelarios han decidido dejar de trabajar.
Los más de 122 mil presos de todo el país, distribuidos en 137 establecimientos carcelarios, tienen ante sí un gris horizonte: cada vez son más los inconvenientes que viene presentando la operación del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad, lo que pone en riesgo la atención médica de los internos.
Según José Manuel Díaz, delegado para la Política Criminal Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo, la situación más compleja la enfrentan los reclusos que padecen enfermedades contagiosas, como es el caso de los infectados con VIH.
«Lo que ha constatado la Defensoría es que los reclusos con VIH no reciben desde, en promedio, hace dos meses la medicación que requieren, ni han sido valorados por los especialistas», señaló Díaz.
En cárceles como la de San Isidro, en Popayán, o La Modelo, en Bogotá, la situación ha tocado fondo. En ésta última, de acuerdo con lo que indicó Díaz, muchos presos con VIH «han amenazado con cortarse e infectar a los demás internos» con su patología en caso de no ser atendidos por un médico o recibir los medicamentos de su tratamiento.
Cárceles como las de Villavicencio, Tuluá y Quibdó presentan un panorama parecido. Allí, aparte de que los insumos médicos son escasos, «la asistencia de la red externa de operadores es nula o precaria», advirtió la Defensoría.
En Popayán, además, los residuos hospitalarios están represados desde hace tres meses, fecha desde la cual dichos elementos están en la cárcel en progresiva descomposición, «representando un riesgo elevado para la integridad no sólo de quienes están privados de la libertad, sino también para el personal de guardia y funcionarios que laboran en el centro de reclusión».
La entidad reclamó, por lo tanto, al Fondo que contrata profesionales a través de Fiduprevisora y Fiduagraria, que «le informe al país si está en capacidad o no de asegurar en el corto plazo los servicios mínimos que demanda esta situación».
En algunas prisiones, como la de Cúcuta, la problemática ha llegado a extremos: hay por lo menos 500 procedimientos médicos especializados represados y se han interpuesto tutelas para obtener «un simple Omeprazol», denunció la Defensoría.
