La confluencia en el departamento de bandas criminales y organizaciones criminales, ha puesto en riesgo los derechos de los chocoanos.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados -Acnur- y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, solicitaron medidas de protección para la población civil que habita en el departamento del Chocó, afectados por el conflicto armado.
Las dos organizaciones manifestaron en un comunicado conjunto su «creciente preocupación» por la situación de la comunidad del Chocó, donde desde marzo hasta la fecha se han registrado «seis mil víctimas de desplazamiento forzado y el confinamiento o restricción de movilidad de más de siete mil personas», según cifras oficiales.
Según la información, las «emergencias y riesgos de desplazamiento y confinamiento» tuvieron lugar en los alrededores de los tres ríos tutelares del Chocó, el Baudó, el Atrato y el San Juan, «como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y otras acciones armadas en el marco del conflicto armado interno».
Las comunidades desplazadas son en su mayoría indígenas y afrocolombianas que buscando refugio han llegado a cabeceras municipales, donde «en varios casos la situación ha sido de tal magnitud que ha desbordado» la capacidad de las autoridades locales para atenderlas.
«Por esta razón muchas de las comunidades han retornado sin las garantías necesarias de seguridad y dignidad para ello, manteniéndose en situación de riesgo», agrega el comunicado de Acnur.
Las oficinas de la ONU expusieron que para prevenir esas afectaciones «es esencial que las partes del conflicto cumplan con todas sus obligaciones bajo el Derecho Internacional Humanitario», especialmente las que no establecer bases cerca de asentamientos y de no realizar bombardeos que pongan en peligro a la población.
El representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, instó a los actores armados ilegales «a no utilizar a la población civil como escudo humano» y exhortó a la fuerza pública «a observar en todo momento los principios de protección, distinción, precaución, necesidad militar y proporcionalidad en el marco de sus operaciones».
Acnur y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos llamaron a adoptar «con urgencia» todas las medidas necesarias para garantizar la protección y seguridad de la población civil que habita zonas afectadas por presencia de grupos armados ilegales.
Asimismo, calificaron de «prioritario» brindar la debida asistencia humanitaria a la población afectada, para lo cual «es vital reforzar la capacidad de las autoridades locales en esta tarea».
Por último, recomendaron «mantener un diálogo entre las poblaciones afectadas y las instituciones de todos los órdenes territoriales para asegurar que la atención que reciban corresponda a sus necesidades y se aplique el debido enfoque diferencial».
