La Cámara de Representantes, por su parte, aprobó la medida de blindaje jurídico este jueves.
La ONG Human Rights Watch -HRW- advirtió este jueves que el blindaje jurídico a los acuerdos de paz que firmen el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, implica «una merma al estado de Derecho colombiano«.
«Restringir las facultades y atribuciones del Congreso condicionando su actuar a una autorización del Ejecutivo y limitar el examen constitucional simplemente a cuestiones procesales es una merma al estado de Derecho colombiano», dijo a periodistas en Bogotá el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Cabe destacar que la Cámara de Representantes de Colombia aprobó hoy en penúltimo debate el Acto Legislativo para la Paz, una reforma constitucional que incorpora lo pactado por el Estado y el grupo subversivo con el fin de ajustar un blindaje jurídico al acuerdo final de La Habana.
Dicha decisión se tomó en la Comisión Primera de la Cámara y no contó con el apoyo de los legisladores del Centro Democrático. «Ha quedado absolutamente claro que ninguno de los artículos de este Acto Legislativo podrán aplicarse antes de que los colombianos refrenden el acuerdo final«, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ante la decisión.
Por su parte, el representante de HRW, quien asiste hoy en la Alcaldía de Bogotá a la presentación del libro del líder opositor venezolano Leopoldo López, «Preso pero libre», con la presencia de la esposa del autor, Lilian Tintori, rechazó lo ocurrido.
El Gobierno y las Farc acordaron el pasado 11 de mayo en La Habana, sede de las negociaciones de paz, que el futuro pacto para acabar con el conflicto tendrá la consideración de «acuerdo especial», por lo que pasará a formar parte del llamado «bloque de constitucionalidad» en el ordenamiento jurídico colombiano.
Esto significa que se incorporará al derecho interno por medio del Acto Legislativo para la Paz, iniciativa que está en trámite en el Congreso desde el año pasado y que anoche fue aprobado en el penúltimo de ocho debates por la Cámara de Representantes.
Para Vivanco, esta situación es «de la mayor gravedad», pues «se cierran puertas a instituciones democráticas como el Congreso y la Corte Constitucional».
En ese sentido, según el director de HRW, «el acuerdo debe ser objeto del mayor escrutinio público, y el rol que cumple el Congreso es vital para examinar si los acuerdos cuentan con el respaldo de quienes han sido elegidos por el pueblo para legislar sobre esa materia».
Asimismo, considera que la Corte Constitucional es «el órgano por excelencia para emitir una evaluación que no sólo revise aspectos formales, sino el fondo de lo acordado para determinar si el acuerdo se ajusta o no con los mandatos constitucionales».
Por estas razones, Vivanco cree que «no hay que temerle al debate» sobre este tema, y debería ser recibido «democráticamente por todos los sectores» en vez de adoptar un blindaje.
El activista recordó también que el acuerdo de paz con las Farc debe ajustarse a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que Colombia ha ratificado.
Vivanco se ha mostrado crítico a lo largo de todo el proceso de paz colombiano porque considera que por ejemplo lo acordado en el punto de víctimas no garantiza justicia y deja abierta la puerta a la impunidad.
