Así lo afirmó la Defensoría del Pueblo, entidad que aseveró que el Eln se equivoca al mantener civiles secuestrados mientras intenta establecer diálogos de paz con el Gobierno.
La respuesta negativa de Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, frente al llamado del Gobierno al Eln, grupo guerrillero del cual es el máximo líder, para que libere a las personas que mantiene secuestradas, es «desafortunada» y va en contravía de las intenciones de ambas partes de negociar la paz, anunció la Defensoría.
Al parecer de ‘Gabino’, la solicitud del presidente Juan Manuel Santos frente a que es necesaria la liberación de las personas retenidas por el Eln para enmarcar las negociaciones, «es poner condicionantes«, lo cual, según el jefe guerrillero, «es ir en contra del proceso de paz».
No obstante las declaraciones, la Defensoría arvirtió que una cosa es negociar en medio del conflicto, tal y como ocurrió con las Farc y como lo ha establecido la agenda con el Eln, y otra muy distinta «es desconocer los principios del Derecho Internacional Humanitario«, que salvaguardan la libertad humana.
Según el organismo, la guerrilla no solo le infringe sus derechos a los secuestrados, sino que ha seguido atentando contra la integridad de la población civil en sus zonas de injerencia.
«Episodios como el canje de secuestrados entre los hermanos Patrocinio y Odín Sánchez en el departamento del Chocó, y el reciente atentado contra la infraestructura petrolera en Arauca, donde las fuentes hídricas resultaron contaminadas por el vertimiento de crudo, involucran directamente a la población civil que nada tiene que ver en la confrontación», precisó la entidad en un comunicado.
En el último caso, el derrame de hidrocarburos al río Arauca no pudo ser controlado de manera efectiva dada la creciente del caudal, lo cual dificulta la instalación de nuevos puntos de control e impide habilitar el punto de captación del agua para el consumo humano.
Por tal motivo, las autoridades de Arauquita declararon la alerta amarilla, con el fin de prevenir frente al consumo del agua contaminada tras el atentado del grupo subversivo.
A estos hechos se suman el reclutamiento de menores de edad en el sur de Bolívar, que involucra a la población civil, lo cual podría debilitar las negociaciones.
Por tal motivo, la entidad indicó que es preciso «excluir a la población civil del conflicto», con el objetivo de «avanzar conforme lo acordado entre las partes hacia una solución negociada que permita alcanzar la paz».
