Así lo informó un ente de control, quien habría realizado cuatro avisos al Gobierno de la compleja situación de orden público en la región.
La Defensoría del Pueblo denunció que se ignoraron los informes de advertencia emitidos sobre el Catatumbo sobre la crítica situación social y de orden público que allí se registra, lo cual favoreció al secuestro de la periodista y columnista colombo-española Salud Hernández-Mora. (Más información: Periodista Salud Hernández fue retenida por presuntos criminales en Norte de Santander).
La periodista habría sido raptada por grupos al margen de la ley en zona rural del municipio de El Tarra -allí fue vista por última vez-, donde en el último mes se han presentado tres «homicidios selectivos de civiles», precisó el organismo de control.
Asimismo, en dicha zona han tenido injerencia los comúnmente conocidos «francotiradores de las Farc«, quienes han protagonizado dos episodios poniendo en peligro la vida de soldados del Ejército Nacional y, por ende, de la ciudadanía.
En total, son cinco los municipios de Norte de Santander que poseen una situación de orden público de alta complejidad, a saber, El Tarra, Teorama, San Calixto, Hacarí y Playa de Belén.
Sin embargo, la Defensoría informó a las autoridades del «panorama de confrontación y vulnerabilidad para los derechos humanos» en dichas jurisidicciones, avisos que no impidieron que la periodista, que ha realizado férreas denuncias contra los grupos delincuenciales y las redes de narcotráfico y minería ilegal, fuera presuntamente secuestrada el pasado fin de semana.
«Hemos dispuesto la movilización de dos comisiones con funcionarios para labores de misión humanitaria en el caso de que sean requeridas en el municipio El Tarra», indicó, ante los hechos, Alfonso Cajiao, defensor del Pueblo, quien detalló que los equipos recopilarán la información necesaria en la zona que pueda ayudar a las autoridades.
De acuerdo con la Defensoría, tras una reunión con personeros de Norte de Santander, del sur del Cesar y del sur de Bolívar, se constató que las zonas donde ejercía su accionar criminal las Farc han sido ocupadas, tras el cese al fuego, por el Eln y el Epl.
Esos grupos, indicó la entidad, ha generado «amenazas, desplazamientos individuales, retenciones, instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, así como la activación de artefactos explosivos improvisados», herramientas delictivas con las cuales ejercen control social y mantienen aislada a la población civil.
