La Operación Orión dejó como resultado el posicionamiento de los paramilitares en la comuna 13 – San Javier, dejando una alta cifra de muertos y desaparecidos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado Colombiano por los abusos que se presentaron contra defensores de DD. HH. durante la operación Orión, realizada en la Comuna 13 – San Javier de Medellín.
La decisión de la Corte radicó en que el Estado no garantizó debidamente los derechos de los defensores de la comuna. Además, no salvaguardaron la vida de Ana Teresa Yarce, quien fue asesinada durante este operativo expedido por el Gobierno Nacional.
“El caso tiene que ver con la situación de riesgo y violencia sufrida por las defensoras de derechos humanos María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, Ana Teresa Yarce, Luz Dary Ospina Bastidas y Miryam Eugenia Rúa Figueroa, así como el impacto generado en sus familiares”, señaló la Corte, mediante un comunicado.
Ana Teresa fue asesinada en el año 2004, en un caso que se venía denunciando desde tiempo atrás, pero al que el Estado hizo caso omiso: “La Corte consideró que Colombia no cumplió con su deber de garantizar el derecho a la vida y prevenir actos de violencia contra la mujer”.
De igual manera, la sentencia también cobija la situación que vivieron María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, Luz Dary Ospina Bastidas y Miryam Eugenia Rúa Figueroa, quienes fueron desplazados durante la operación Orión.
Ante estas situaciones, la Corte determinó que Colombia debe adoptar diversas medidas de reparación, entre las que destacan: «Continuar la investigación relacionada con el desplazamiento forzado de las señora Rúa y sus familiares e implementar un programa, curso o taller dentro de la Comuna 13 de Medellín destinado a promover e instruir sobre el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos”.
Esta situación se presentó ante la ejecución de la Operación Orión, que fue adelantada por tropas de la IV Brigada, comandada por el entonces general Mario Montoya, en conjunto con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fuerzas especiales de la Policía Nacional y la Fiscalía.