Las sanciones a los directivos de las empresas oscilan entre 12,8 y 1.063 millones de pesos.
La Superintendencia de Industria y comercio de Colombia impulsó sanciones económicas por un valor total de $33.821 millones a la Organización Roa Flor Huila y a cuatro integrantes de la misma compañía, por supuesto manejo de influencias para distorsionar los precios de venta del producto.
El proceso de investigación sobre la distorsión de los precios del arroz y de la violación a la libre competencia, comenzó a desarrollarse el 28 de septiembre de 2012, cuando por medio de la resolución 58430, se dio paso a buscar en los correos electrónicos y entrevistas a los directos implicados los detalles que permitirían llegar a la conclusión de si hubo infracciones a la normas en la distribución y venta del grano.
La investigación arrojó que la empresa arrocera incurrió en actos ilegales de influenciación de precios desde el año 2005, al prohibirle a sus clientes en distintos canales de distribución y comercialización, vender el arroz blanco por debajo del precio de la plaza de mercado, con lo cual el consumidor final no podría obtener precios más favorables.
Para hacer cumplir los acuerdos de los precios de venta y no dar descuentos ni rebajas al consumidor final y del control sobre la competencia, la organización advertía a los distribuidores y comercializadores, de represalias comerciales y por lo tanto se impondría la terminación o suspensión de la entrega de arroz a los mismos
“La conducta de las empresas sancionadas limita la libre competencia, en cuanto conduce a que el precio no sea el resultado de las fluctuaciones de las fuerzas del mercado, ni de la rivalidad entre competidores, sino el resultado de una influencia ejercida por dichas empresas de la que se deriva una pérdida de autonomía para los demás agentes del mercado, eliminando el precio como factor determinante de la competencia a favor del consumidor final”, dice un comunicado de la Superintendencia de Industria y Comercio.
En la sanción a la Organización Flor Huila también quedaron involucrados varios ejecutivos, como Aníbal Roa Villamil, gerente; Hernando Rodríguez Rodríguez, Edgar Gaviria Herrera y Pablo Julio Gutiérrez Uribe, “por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas competitivas”.
