Gremios solicitará al Gobierno una reforma que permita darle sostenibilidad al sector.
Según la Asociación Nacional de Transportadores -Asotrans-, por cada cien pesos que perciben por su trabajo, las empresas de transporte deben pagar 75 pesos en términos de tributación, lo cual impide que éstas crezcan y puedan mejorar la calidad del servicio prestado.
«Esa tributación por encima del 50% nos deja sin capacidad de invertir y afecta los niveles de crecimiento. Nos deja muy poca disponibilidad para reinvertir en el servicio, mejorar el parque automotor y crecer tecnológicamente», indicó Marino Quintero Tovar, presidente de Asotrans.
En las diferentes actividades regulatorias, entre seguros, impuestos y planes de rodamiento, de acuerdo con el gremio, se escapan el 75% de las ganancias por la actividad, lo cual mantiene estancado al sector en algunos frentes.
«Solicitamos una revisión de los gravámenes al sector y que combata la ilegalidad», explicó Quintero, quien agregó que los próximos días 1, 2 y 3 de junio habrá en Medellín una convención nacional, donde asistirán los diferentes actores para proponer diversas soluciones a la problemática.
Entre las propuestas que se pondrán sobre la mesa, está «que el Gobierno implemente políticas de castigo contra la informalidad, que en la reforma tributaria se planteen incentivos para los transportadores y que se haga control sobre la cadena de insumos y transporte, que crecen a niveles más altos de la inflación», mencionó el Presidente de Asotrans.
Para el gremio, las imposiciones y obligaciones que se han impuesto a las empresas legales son excesivas, en tanto que se le da amplio margen de acción a las compañías ilegales.
Aunque el contrabando no le ha generado tantos problemas últimamente al sector, ese rol lo han asumido los actores ilegales, que ejercen labores sin regulación estatal y, por ende, son más competitivos al no tener que pagar elevadas sumas en concepto de tributación.
Asimismo, la inseguridad e injerencia de estructuras criminales en varias vías del país han recrudecido los problemas para el gremio. «Hemos sido objetivo militar de la guerrilla, y eso afecta la economía de las empresas», concluyó Quintero.
