Con recursos y vigilancia, las administraciones buscan evitar casos como los presentados recientemente en Cesar y La Guajira.
Tras las repetidas denuncias a lo largo del territorio nacional por las insuficiencias en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar -PAE-, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín implementaron medidas que buscan garantizar la correcta prestación del servicio.
Cabe recordar que, pese a las deficiencias evidenciadas en algunas jurisdicciones del país, un grupo de investigación determinó que la prestación del servicio era adecuada, al menos, desde el menú ofrecido en las instituciones educativas y hogares comunitarios. (Lea también: Nutrición en hogares infantiles del ICBF es adecuada, según estudio).
No obstante, el común denominador han sido las irregularidades, especialmente en el tema contractual y en la calidad de los alimentos suministrados a los menores. (Amplíe: MinEducación anunció medidas para combatir «mafias» de la alimentación escolar).
Antioquia
En el departamento, hay más de cuatro mil instituciones educativas que se ven beneficiadas con el programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional -MANÁ-, del cual, hasta el momento, solo se han recibido seis quejas desde los municipios, según especificó la Gobernación de Antioquia.
No obstante, el objetivo es «velar por el respeto de las normas vigentes», por lo que Luis Pérez, gobernador de Antioquia, anunció que acompañará a la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de Antioquia con el fin de hacer que los contratistas cumplan con el servicio y así, gracias a la vigilancia permanente, se garantice una correcta alimentación para los niños.
«En Antioquia debemos eliminar los roedores que están alrededor de los dineros públicos», dijo Pérez, quien precisó que se comunicará con concejales de los municipios y rectores de las instituciones educativas para que también supervisen la prestación del PAE.
Medellín
El Municipio contrató recientemente, por un valor de ocho mil 600 millones de pesos, el programa de alimentación con la Corporación Hacia un Valle Solidario para 135 colegios de Castilla, Candelaria, Belén, la América y los corregimientos de Altavista, San Cristóbal, Palmitas y San Antonio de Prado.
Más allá del contrato, la Alcaldía pagó 733 millones a la Unión Temporal USA 2015 para que realice la interventoría y verifique que los alimentos llegan a la hora adecuada y con la cantidad y calidad correcta.
Hasta ahora, la firma interventora ha hecho más de dos mil visitas a los colegios de la ciudad, y en varios pudo determinar que el contratista actual (Hacia un Valle Solidario) dejó de atender, por lo menos, a 228 de los 64 mil 500 estudiantes que le competen.
Ante este caso, hallado por la Unidad de Atención Inmediata, la Administración Municipal decidió descontar del valor del contrato el dinero que no invirtió en esos alumnos la Corporación.
