La exjefa de los servicios de inteligencia de Colombia María del Pilar Hurtado, acusada de varios delitos, se entregó a las autoridades panameñas y en la madrugada de este sábado 31 de enero llegó a Bogotá donde permanece detenida, según su abogado, Jaime Camacho.
«Ella permanece privada de la libertad» en la sede de la Fiscalía, dijo el abogado a periodistas y agregó que espera poder entrevistarse con ella en la mañana de hoy, una vez las autoridades colombianas concluyan los trámites legales de su detención.
El secretario de Prensa de la Presidencia panameña, Manuel Domínguez, dijo a Efe que Hurtado se presentó «voluntariamente» en la madrugada de este sábado ante las autoridades del Servicio Nacional de Migración, institución que expidió la orden de deportación, que «le fue notificada con todas las formalidades».
Como Hurtado no tenía pasaporte porque el suyo había sido cancelado, fue trasladada ante las autoridades consulares colombianas y posteriormente al aeropuerto internacional de Tocumen, donde embarcó en una avioneta que llegó a Bogotá a las 05.24 hora local (10.24 GMT), detalló la fuente.
«Se entregó ante las autoridades colombianas», agregó su abogado, sin dar más informaciones del caso.
Hurtado fue directora del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre el 23 de agosto de 2007 y el 23 de octubre de 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
La exfuncionaria era buscada por varios delitos relacionados con un supuesto espionaje a periodistas, magistrados, políticos y defensores de derechos humanos, y se entregó horas después de que la Interpol expidiera una circular roja de búsqueda en su contra.
La solicitud fue colgada en la página web de la institución, en la que se hace una descripción detallada de Hurtado y de los delitos de los que le acusa la Justicia colombiana.
Se trata de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones agravada y abuso de función pública.
Hurtado se asiló en Panamá en 2010, pero perdió esa condición después de que en mayo de 2014 la Corte Suprema de Justicia-CSJ de ese país declarara inconstitucional el decreto mediante el cual el Ejecutivo le concedió ese derecho de la Justicia internacional.
