La Fiscalía colombiana pidió órdenes de captura contra cinco personas, dos de ellas extranjeras, implicadas en un escándalo por la supuesta financiación de una multinacional del sector petrolero a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, informaron hoy fuentes oficiales.
El escándalo involucra a dos altos ejecutivos de la empresa ítalo-argentina Sicim, especializada en construcción de oleoductos que, según una investigación de la Fiscalía, hacían millonarios pagos al Eln y también a algunos frentes de las Farc en las zonas petroleras del noreste del país.
Los implicados son el gerente de la compañía en Colombia, el español Francisco Elizondo, y el argentino Roberto Jorge Rigoni, quienes según investigaciones de la Unidad Nacional Antiterrorismo reveladas por Noticias RCN, mantuvieron una estrecha relación con miembros del Eln.
Una fuente de la Fiscalía dijo a Efe que el organismo solicitó ante un juez de control de garantías órdenes de captura contra Elizondo y Rigoni, quienes al parecer salieron del país, por la presunta comisión de los delitos de financiación al terrorismo, rebelión y extorsión, así como contra los guerrilleros conocidos con los alias de «Beto», «Alexander» y «Truco».
Sicim fue la empresa encargada de construir el oleoducto Bicentenario, cuya primera fase, una tubería de 230 kilómetros, que conecta los campos petroleros de Casanare con el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en el vecino departamento de Arauca, comenzó a operar en noviembre de 2013.
En interceptaciones telefónicas la Fiscalía descubrió que una mujer llamada Amaly Fernanda Meza, alias «La Gorda», que se hacía pasar por líder social, era en realidad miembro del Eln y que uno de sus interlocutores era Elizondo.
Uno de los investigadores del caso reveló a la revista Semana que Sicim fue en un principio víctima de extorsiones del Eln en el departamento petrolero de Arauca, y llegó a denunciar esos cobros, pero después la empresa empezó a financiar a la guerrilla.
Según el investigador, existe la duda si la extorsión inicial existió o si fue simplemente un ardid para no despertar sospechas por los pagos.
El grado de colaboración fue tal que en una de las grabaciones reveladas por Semana, Rigoni le propuso a alias «La Gorda» una gruesa suma de dinero para que el Eln les diese seguridad en el paso de una caravana de camiones de la empresa desde el este hasta el norte del país, ya que la zona estaba bloqueada por problemas de orden público.
En medio de la investigación, un hombre que trabajaba para Sicim se ofreció a colaborar con los fiscales y les dio detalles de la forma como se hacían los pagos, los días 23 de cada mes al Eln y los días 7 a las Farc, pues «La Gorda» recomendó a la empresa hacer también un acuerdo con esa guerrilla.
Con base en esas informaciones, el 23 de julio de 2013 en una carretera de Arauca el Ejército detuvo una camioneta de Sicim en la que Rigoni llevaba escondidos en una caja 179 millones de pesos (unos 90.000 dólares) que el argentino argumentó eran para pagar obligaciones de la empresa y que le fueron decomisados.
La Fiscalía también documentó que en febrero de 2014, por órdenes de «La Gorda», el Eln quemó dos excavadoras de una empresa contratista con la que Sicim había tenido problemas, para sacarlos de la zona.
El informante de la Fiscalía al parecer fue descubierto y asesinado en noviembre pasado y una semana después «La Gorda» corrió la misma suerte.
En el caso entró hoy la petrolera colombiana Ecopetrol, que anunció la terminación del contrato de trabajo del ingeniero Roberto Espriella, de la gerencia de soluciones integrales de transporte y logística, por las revelaciones hechas por la prensa y confirmadas por él, de que recibió en su cuenta personal consignaciones de Elizondo.
«Desde el pasado 4 de febrero cuando se conoció la información pública sobre la supuesta relación de la empresa Sicim con grupos al margen de la ley, Ecopetrol puso en conocimiento de la Fiscalía estos hechos», agregó la petrolera.
