El Gobierno y las Farc acordaron en Cuba los mecanismos de justicia transicional para cuando se firme el fin del conflicto
La iglesia católica colombiana aseguró este viernes que el país debe entender la justicia «más allá de una cárcel», al referirse al acuerdo en materia de justicia transicional anunciado por el Gobierno y la guerrilla de las Farc el pasado miércoles.
«Un factor muy importante es que en estos acuerdos hay una necesidad y es entender la justicia de una manera mucho más amplia que el tema de la privación completa de la libertad en un centro carcelario», manifestó el director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, monseñor Héctor Henao.
El prelado se refirió al acuerdo alcanzado en los diálogos de paz de La Habana al intervenir en el VII Congreso Nacional de Reconciliación que se desarrolló en Bogotá con la organización de la Conferencia Episcopal de Colombia y la Pastoral Social.
Henao apuntó que las condiciones «difíciles y dolorosas» en la que se encuentran los centros carcelarios del país por cuenta de la sobrepoblación que se presenta en ellas, aumenta la necesidad de implantar penas alternativas.
El Gobierno y las Farc acordaron en Cuba los mecanismos de justicia transicional para cuando se firme el fin del conflicto, para lo cual se creará una Jurisdicción Especial para la Paz.
Los delitos políticos y conexos estarán sujetos a una amnistía, pero los de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, entre otros, quedarán al margen de ese beneficio y los culpables serán castigados con «restricción de libertades» en condiciones especiales u ordinarias que irán de cinco a veinte años, según la gravedad del hecho y el grado de colaboración del acusado.
Henao aseguró que estos castigos alternativos son posibles en Colombia ya que la legislación lo permite y señaló que lo más importante es determinar cuál es el objetivo final de imponer estos castigos.
«Hay que pensar para qué las penas, no solamente qué tipo de penas sino qué busca el Estado y qué quiere lograr a través de unas acciones punitivas», dijo.
Henao aseveró que el Estado debe hacer seguimiento a los guerrilleros para verificar y hacer cumplir la finalidad que el castigo busca.
