‘El Enfermero’ era el encargado de practicar abortos a las guerrilleras embarazadas, según la Fiscalía.
El guerrillero Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, alias ‘El Enfermero’, fue puesto en libertad por un juez de Audiencia Nacional de España luego de que éste pudo establecer que los delitos que se le imputan pudieran estar prescritos -o caducados-.
Además, el togado comprobó que Arboleda Buitrago actualmente sufre una enfermedad degenerativa por la cual está recibiendo un tratamiento médico en Madrid.
No obstante, el guerrillero perdió el pasaporte, deberá comparecer semanalmente al juzgado y entregar detalle de su lugar de domicilio y contacto telefónico, los cuales no podrá cambiar sin previo aviso.
Estas medidas restrictivas estarán vigentes hasta que el Gobierno colombiano entregue toda la documentación necesaria para hacer efectiva la extradición de ‘El Enfermero’ a su país de origen. Para tal fin, la justicia española le dio un plazo de 40 días a Colombia.
Política de abortos al interior de las Farc
Alias ‘El Enfermero’ sería el responsable de llevar a cabo, por lo menos, 500 abortos forzados a integrantes de las Farc, de los cuales 50 se le realizaron a menores de edad.
«Tenemos elementos de juicio para demostrar que el aborto forzado era una política de las Farc», indicó el fiscal general de la Nación, Eduardo Montelaegre.
Además de los repetitivos sucesos de abuso y violencia sexual contra las mujeres que hacían parte de la guerrilla, los altos mandos del grupo subversivo instaban a realizar abortos de forma sistemática y, en muchos casos, en condiciones precarias.
El delito, considerado de lesa humanidad, no sería merecedor de la amnistía de guerra que se discute en la mesa de negociaciones de La Habana.
El preacuerdo sobre la jurisdicción especial para la paz reza, en el artículo cuatro, que «el Estado otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos».
Sin embargo, afirma también que «no serán objeto de amnistía o indulto los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la tortura (…) y la violencia sexual», que incluye el aborto forzado.
En ese orden de ideas, este delito englobaría la lista de los que «serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz», tal y como sostiene el preacuerdo entre el Gobierno y las Farc.
