Una investigación de la Fiscalía dejó en evidencia la forma en la que operaban comercializadoras de oro para hacer transacciones con habitantes de calle.
Por cerca de 1.3 millones de pesos fueron las transacciones que dos empresas comercializadoras de oro legalizaron ante la DIAN utilizando habitantes de calle, taxistas, panaderos y hasta cédulas de personas que ya fallecieron. Los hechos de lavado de activos ocurrieron en los últimos 7 años.
En la investigación que realizó la Fiscalía, se descubrió que los responsables de dichas empresas, al menos nueve personas, pagaban entre 10 mil y 30 mil pesos a personas de escasos recurso o prometían empleos a cambio de que éstos sacaran RUT ante la DIAN para ser proveedores.
Entre otras irregularidades, se dejó en evidencia que las sedes en las que supuestamente funcionaban las dos empresas relacionadas no correspondían a lo verificado presencialmente, así como se validó que la explotación de oro supuestamente se hacía en lugares donde no se da el metal precioso, como Caramanta – Antioquia.
“Luego de tres años de investigación, los peritos descubrieron que los proveedores de la Comercializadora Internacional resultaron ser empresas de papel, quienes reportaron que habían adquirido el oro a personas fallecidas, con cédulas no asignadas, canceladas, inexistentes, habitantes de calle, población vulnerable, obreros de construcción, panaderos, taxistas y agricultores entre otros”, manifestaron los voceros de la Fiscalía.
En audiencia, un Juez de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento por los cargos de “lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir” a nueve implicados, de los cuales cuatro ya fueron a la cárcel y otros cinco tienen casa por cárcel.