El 70% del agua que consumen los colombianos se ve amenazada por actividades mineras en los páramos.
La organización ambientalista Greenpeace, con su delegación en Colombia, denunció peligro en las aguas del páramo Pisba en Boyacá, por explotación minera en zonas que son consideradas vulnerables y que están protegidas de este tipo de actividades ante la ley.
La ONG emitió un comunicado a través de su página oficial, donde se denunció que la sentencia de la Corte Constitucional, que prohíbe la minería en el páramo, está siendo incumplida, lo que pone en riesgo este territorio.
Minas ilegales operando de manera normal a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, desarrollando actividades de extracción de carbón fue lo que encontraron miembros de Greenpeace Colombia durante una visita que hicieron a este páramo.
Pese a que la ley había dictado una sentencia que prohibía explotar los recursos de los páramos en Colombia, en Pisba esta no se cumple, poniendo en peligro, según denunció la organización, aproximadamente el 70% del agua que consumen los habitantes de Colombia.
“Lo más preocupante es que las autoridades encargadas de hacer cumplir la sentencia, como las CAR y el Ministerio de Ambiente, están omitiendo sus competencias al permitir que sigan funcionando las mineras y que aquellas empresas que ya no operan en el páramo hayan dejado pasivos ambientales irreversibles que destruyen la biodiversidad de estos ecosistemas estratégicos”, declaró Silvia Gómez, coordinadora de Greenpeace Colombia, en el comunicado oficial.
Pese a que la organización y la comunidad en general celebró la creación de una ley que protege los ecosistemas más vulnerables en el país, Greenpeace enfatizó en la importancia de que se vigile el cumplimiento de dichos decretos por medio de las labores que los funcionarios regionales deben cumplir.
“Es obligación de estas entidades hacer cumplir las disposiciones de la sentencia. La minería en zona de páramos está prohibida y todas las empresas deben salir inmediatamente y reparar los pasivos ambientales que dejaron”, añadió Gómez.
En febrero de este año, la Corte Constitucional decidió sobre el artículo 173 del Plan Nacional de Desarrollo que permitía realizar actividades mineras en los páramos. Luego de una denuncia por parte de miembros del Polo Democrático, la Corte determinó que la otorgación de licencias para los megaproyectos en minería, hidrocarburos o energía iba a estar sometida a las entidades territoriales y ya no exclusivamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.
Con dicha decisión, la corte prohibió la minería en las zonas de páramos en Colombia, pues esta actividad atenta contra el derecho al medio ambiente sano.
Al no haberse cumplido el cierre de minas ilegales, la coordinadora de Greenpeace Colombia denunció que el agua de esta zona presenta grandes alteraciones en el PH, que hacen que esta sea fuertemente ácida y que, además, presente altos niveles de conductividad.
Además de los recursos hídricos, la ONG denunció la muerte de frailejones en esa zona por culpa de las aguas ácidas, los deslizamientos de tierra y la contaminación, todo esto producto de la minería ilegal.
