El Consejo de Estado de Colombia dejó en firme las medidas que aplicó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para que continúe en su cargo tras ser destituido e inhabilitado por la Procuraduría.
Esta decisión de la sala plena continúa dejando sin efectos la sanción emitida en diciembre de 2013 por el procurador general, Alejandro Ordóñez, que contemplaba para Petro la destitución y una inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos.
Con esto, el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, deja la puerta abierta para que Petro complete su mandato puesto que lo mantiene en la Alcaldía hasta que exista una decisión sobre la demanda de nulidad que el regidor interpuso contra el fallo de la Procuraduría, lo que puede tardar un año.
Petro fue elegido para un mandato de cuatro años que concluirá el próximo 1 de enero cuando entregue el cargo a su sucesor, que será elegido en los comicios municipales del 25 de octubre.
Tras conocer la decisión, el alcalde celebró lo que considera un «triunfo judicial» de su Administración.
«Ya habíamos obtenido las medidas cautelares por unanimidad de todos los magistrados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero para nosotros era sumamente importante que la Justicia interna colombiana diera un paso en el mismo sentido», declaró.
Petro, que ostenta el segundo cargo público más importante de Colombia, presentó una demanda ante la CIDH, con sede en Washington, por la persecución política de la que supuestamente era objeto por parte de Ordóñez, a quien hoy volvió a acusar de «sectarismo político».
El conflicto en la Alcaldía de Bogotá comenzó en diciembre de 2012, cuando en medio de un complicado proceso de desprivatización del servicio de recogida de basuras la capital colombiana amaneció durante tres días repleta de desperdicios que nadie recogía.
La situación dio lugar a que Ordóñez destituyera un año después a Petro, exguerrillero del M-19 y exsenador, al que acusó de supuestas irregularidades al cambiar el esquema de basuras, que pretendía ahorrar millones en el pago a cuatro grupos privados y reinvertirlos en programas de reciclaje.
El pronunciamiento del Consejo de Estado llega casi cinco meses después de que la Fiscalía General archivara la causa penal abierta contra Petro por este caso pues concluyó que el alcalde «actuó de acuerdo a la ley cuando celebró los contratos con Aguas de Bogotá para las tareas de recolección y transporte de los residuos en la ciudad».
