La polémica Ley Anticontrabando y la aclamada ley que establece el Feminicidio como delito autónomo, contrastan en esta jornada.
Este lunes seis de julio, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionará y promulgará seis leyes que tendrán un alto impacto en la participación ciudadana, la justicia y la economía. Las nuevas leyes destacan por su talante en materia social y económica, lo que también caracterizó las 300 leyes aprobadas por el Congreso entre 2010 y 2014.
Santos sancionará las siguientes leyes:
Ley Anticontrabando
La Ley Anticontrabando es un paso clave para el desarrollo y la generación de empleo formal en Colombia.
El contrabando causa graves daños al país. No solo fomenta una cultura de la ilegalidad, sino que priva a los colombianos de recibir importantes recursos que se podrían invertir en infraestructura, salud, educación y otras políticas sociales.
La nueva legislación trae los instrumentos necesarios para combatir esta forma de competencia desleal, sin afectar a los pequeños comerciantes.
La ley moderniza y adecúa la normativa para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, la defraudación fiscal y el favorecimiento de esas conductas.
Entre otras medidas, considera el contrabando como conducta constitutiva de lavado de activos, endurece las penas y fortalece las herramientas de las entidades involucradas en la lucha contra el contrabando –Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), UIAF, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
Feminicidio como delito autónomo
La ley tipifica el feminicidio como un delito autónomo. Así se garantiza la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación y se fortalecen los mecanismos para prevenirlas. Según la ley, el feminicidio es cometido por quien cause la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de identidad de género.
Modificación de las medidas de aseguramiento de privación de la libertad
La ley para racionalizar la detención preventiva, además de fortalecer el principio de presunción de inocencia y de proteger los derechos de miles de colombianos, contribuirá a reducir el hacinamiento, que es uno de los problemas más serios de la política carcelaria del país.
En Colombia, el 34 por ciento de la población carcelaria no ha sido condenada. Actualmente, el Estado colombiano enfrenta demandas por 23 billones de pesos por errores en la aplicación de esta figura.
La nueva ley hace más exigentes los requisitos para recurrir a la detención preventiva. Los jueces tendrán que demostrar que ninguna de las otras medidas de aseguramiento son útiles para evitar que el sindicado obstruya el proceso o continúe delinquiendo.
Protección y promoción a la participación democrática
Esta ley estatutaria simplifica los mecanismos de participación democrática y reglamenta algunos aspectos que eran confusos, entre otros, elimina la necesidad de constituir un comité y la recolección de firmas para promover una iniciativa legislativa o una solicitud de referendo o de revocatoria de mandato
Agronomía del caucho (modifica la Ley 686 de 2001)
La ley establece nuevas disposiciones sobre la producción de látex natural y fomenta la heveicultura (cultivo de caucho) en Colombia.
Al definir nuevos fines para la “cuota de fomento cauchero”, incentiva la investigación para el mejoramiento de la de la productividad del caucho, favorece la transferencia de tecnología a los productores.
Promociona el consumo dentro y fuera del país, y estimula la formación de empresas comercializadoras, entre otros aspectos.
Homenaje al doctor José Francisco Socarrás
La ley es un reconocimiento a los aportes hechos a la sociedad colombiana por el médico afrocolombiano José Francisco Socarras, con ocasión del cumplimiento de los 162 años de la abolición de la esclavitud.
Para ello ordena la publicación de un libro, la elaboración de un documental y la expedición de una medalla en su honor.
