El Ministerio de Justicia considera que este programa puede aplicarse a los 1.800 presos adheridos a la Ley Justicia y Paz, promulgada en 2005.
Un total de 34 exguerrilleras se graduaron hoy en una cárcel colombiana como gestoras de paz dentro de un programa de reincorporación a la sociedad impulsado por el Ministerio de Justicia.
A la conclusión del curso en la cárcel mixta de Chiquinquirá, una pequeña ciudad del departamento de Boyacá (centro), asistió el ministro de Justicia, Yesid Reyes.
El Programa Especial de Resociabilización, dirigido a quienes se acogen a la Ley de Justicia y Paz, busca ayudar a los antiguos integrantes de grupos armados ilegales a cicatrizar heridas, construir una nueva vida en paz y reconciliarse con la sociedad.
El curso tiene una duración de 10 meses y en él, las exguerrilleras reconocen su responsabilidad, buscan el perdón y se las capacita para reincorporarse a la vida civil con módulos de emprendimiento empresarial y apoyo psicosocial.
Esta iniciativa fue implementada en seis cárceles de Colombia que tienen pabellones para quienes se han acogido a la Ley de Justicia y Paz y las 34 excombatientes del centro penitenciario de Chiquinquirá son las primeras en culminar con éxito este programa con un novedoso enfoque de género.
«Solo si utilizamos las cárceles para preparar a las personas pensando en su retorno a una vida social productiva estaremos avanzando en el camino correcto hacia una verdadera reconciliación», manifestó el ministro Reyes en la clausura.
Reyes agregó que «para que la pena no se convierta en un simple acto de venganza estatal» es necesario buscar mecanismos para la reintegración.
«Creer en la resociabilización es creer en las segundas oportunidades», afirmó.
Jessica (nombre ficticio), antigua integrante del Ejército Revolucionario Guevarista-Erg, una pequeña disidencia del Ejército de Liberación Nacional-Eln, habló en nombre de sus compañeras graduadas que un día decidieron «desistir de una guerra absurda» y acogerse a este proyecto «para construir una nueva vida» y cerrar heridas.
«Es nuestro deseo pedir perdón a la sociedad por los daños causados», comentó una afligida Jessica.
Aunque son conscientes de que no han reparado todo el daño causado, las guerrilleras desmovilizadas pidieron una nueva oportunidad «para volver a ser parte activa» de la comunidad, así como «dar una muestra de arrepentimiento profundo» por las equivocaciones cometidas.
De manera simbólica hicieron una pequeña obra teatral en la que relataron sus historias marcadas por la tragedia, es decir, todo el proceso desde cuando fueron captadas por la guerrilla, su encarcelamiento y por último, la parte en la que se desmovilizan y se reconcilian con la sociedad.
También estuvo presente en el evento el representante de las 36.000 víctimas del conflicto armado que se encuentran registradas en Boyacá, José Gregorio Torres, quien pidió a las graduadas que «defiendan la libertad y esta sociedad democrática que hoy los recibe con los brazos abiertos».
El Ministerio de Justicia considera que este programa puede aplicarse a los 1.800 presos adheridos a la Ley Justicia y Paz, promulgada en 2005, que establece, entre otras cuestiones, penas alternas de cinco a ocho años de prisión para responsables de delitos graves.
