Los colombianos han sido deportados solo con lo que llevaban puesto y fueron enviados a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.
Por el puente de frontera internacional, Simón Bolívar, no paran de transitar este martes centenares de colombianos deportados de Venezuela, a la espera de que la «firmeza» prometida por el presidente, Juan Manuel Santos, ponga fin a esa crisis humanitaria.
Desde que el pasado viernes el presidente venezolano, Nicolás Maduro, decretó el estado de excepción en el estado fronterizo de Táchira, han sido deportados al menos 861 colombianos, de los cuales 170 son menores.
Las alambradas dispuestas por el presidente Maduro en el tórrido puente internacional Simón Bolívar, que une Cúcuta con las ciudades venezolanas de Ureña y San Antonio, han dividido en dos a un mismo núcleo urbano que compartía familias y negocios.
«Solo nos dijeron que nos deportaban por ser colombianos. Nos decían ¿venezolanos o colombianos?, pues camine», relató Rocío Angarita sobre su expulsión del país en el que ha vivido los últimos 13 años.
La mayoría de los deportados llevaban viviendo en Venezuela varios años y señalan que han sido expulsados de sus casas a empujones, en mitad de la noche, por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela. «Solo nos dejaron ponerle los zapatos a los niños», agregó Angarita.
Algunos de los deportados explicaron a que cuando se marchaban, sus casas fueron derribadas con todos sus bienes en el interior, y añadieron que varios hogares habían sido marcados por los soldados venezolanos con la letra «D» de demolición y destrucción.
En el puente internacional Simón Bolívar, de alrededor de un kilómetro de longitud, se agolpan por la parte de Cúcuta, unas 200 personas en una calma tensa.
En medio del viaducto, miembros del Grupo de Operaciones Especiales de Colombia (GOES) y de la GNB venezolana, equipados con material antidisturbios, conversan separados por la verja enrejada que corta su paso.
No obstante, la actividad comercial en los alrededores es la habitual con puestos de cambio de moneda formales e informales y servicios clandestinos de moto-taxi que ofrecen viajes de ida y vuelta a Venezuela por valor de 40 mil pesos colombianos.
A nivel institucional, la respuesta por parte de Colombia ha ganado en contundencia desde que la canciller, María Ángel Holguín, calificó como una «decisión soberana» el cierre de los pasos entre ambos países.
El presidente Santos, que en este tema ha mantenido una postura estrictamente diplomática, elevó hoy el tono de sus declaraciones al asegurar que su Gobierno defenderá con «firmeza» a sus ciudadanos.
«No nos falta ni nos faltará firmeza para defender a todos nuestros connacionales, donde quiera que su seguridad se vea amenazada o sus derechos fundamentales violentados», señaló Santos en un comunicado difundido por la Casa de Nariño.
Del total de los deportados, 678 colombianos han sido realojados en albergues habilitados en Villa del Rosario, un municipio cercano a Cúcuta, mientras que el resto se ha dirigido a donde familiares en Colombia.
Sin embargo, el río de personas que normalmente transita de un lado a otro no desaparece en las trochas, esos senderos forestales clandestinos que comunican a los dos países, pero que hoy son más peligrosos de lo normal ante las posibles represalias de las fuerzas especiales venezolanas.
