La Procuraduría exhortó al Gobierno Nacional y al Banco Agrario a revisar la ejecución del Programa de Vivienda de Interés Social Rural
Al menos 175 mil 300 colombianos estarían afectados y casi 100 mil millones de pesos del patrimonio público estarían en riesgo, por causa de dificultades en la gestión de los proyectos de Vivienda de Interés Social Rural entre 2010 y mayo de 2015.
El análisis, presentado por la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, advierte que «de mil 792 proyectos de vivienda adjudicados por parte del Banco Agrario de Colombia, en mil 128 se observan dificultades y considerables retrasos en su ejecución, lo cual impacta el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y genera afectación a la política pública de Vivienda de Interés Social en el país».
“Estos retrasos afectan de manera directa el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, pero además se ha puesto en riesgo el patrimonio público de la Nación, toda vez que a estos proyectos con retrasos en su ejecución se han desembolsado, a mayo del presente año, un valor cercano a los 100 mil millones de pesos, recursos que podrían verse afectados de no aplicarse correctivos urgentes por parte de la entidad otorgante”, señala el informe.
El hallazgo del Ministerio Público se hace con base en la información reportada por la propia Gerencia del Banco Agrario, entidad otorgante y administradora del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural, y aborda factores como plazos de ejecución y liquidación exigidos en los proyectos.
Igualmente, el análisis hace una revisión al tiempo empleado desde la adjudicación y desembolsos, tiempo empleado por proyecto en etapa de revisión técnica y ajustes, tiempo empleado para inicio de acciones contractuales, así como tiempo transcurrido entre el inicio del proceso de liquidación al mes de mayo de 2015 sin que se haya liquidado el contrato.
Por departamento, el estudio revela que Cauca, con seis mil 869 hogares afectados; Nariño, con cuatro mil 998 y Antioquia, con cuatro mil 622, son los departamentos con mayor impacto por esta problemática que afectaría a 175 mil 300 colombianos en toda la geografía nacional.