Los detenidos pueden afrontar penas de hasta nueve años de cárcel.
Al menos siete personas han sido detenidas en los albergues instalados por el Gobierno en Cúcuta, donde han llegado centenares de deportados y otros que han abandonado Venezuela después de que el presidente, Nicolás Maduro, cerrara hace 16 días el paso fronterizo por la zona.
El comandante de la Policía de Cúcuta, coronel Jaime Barrera, dijo a periodistas que han sido detenidos cinco hombres y dos mujeres como parte de las acciones de control que sus hombres desarrollan en los establecimientos acondicionados para atender a los colombianos.
Barrera señaló que cinco de los arrestados «pretendían hacerse pasar por personas que habían pasado la frontera voluntariamente», mientras que los otros dos tenían antecedentes por los delitos de concierto para delinquir y rebelión, así como hurto.
El Gobierno indicó hoy en un comunicado que la Ley 1474 de 2011 establece que quien «tenga una subvención, ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos mediante engaño sobre las condiciones requeridas para su concesión o callando total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cinco a nueve años».
Además pueden enfrentar multas y ser inhabilitados durante un periodo «de seis a doce años» para ejercer funciones públicas.
Por su parte, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, advirtió sobre la presencia de personas que ofrecen 20.000 pesos por el cabello de las mujeres que permanecen en los albergues.
«Es una situación muy triste que haya personas que realmente se quieran aprovechar de la miseria, de la tristeza y de la necesidad de tantas personas que se encuentran en los albergues», añadió la funcionaria, quien lamentó que se intente «revictimizar» a estos connacionales.
