Los hechos se remontan al pasado 19 de agosto, cuando Nicolás Maduro ordenó el cierre del paso fronterizo entre Cúcuta y San Antonio.
El alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, ratificó este martes ante la Corte Penal Internacional (CPI) su denuncia contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por delitos de lesa humanidad posiblemente cometidos durante el proceso de deportaciones de colombianos en la frontera entre ambos países.
Ramírez llegó ante la Corte con sede en La Haya, con nuevas pruebas testimoniales en las que destaca que «la incursión del Gobierno venezolano contra los colombianos es una masacre disfrazada porque ha significado un incremento notable en el número de desapariciones y homicidios», agregó la información.
Los hechos se remontan al pasado 19 de agosto, cuando Nicolás Maduro ordenó el cierre del paso fronterizo entre Cúcuta y San Antonio, y se desató desde allí una crisis humanitaria producto de las múltiples deportaciones que se sucedieron desde ese momento y días posteriores, lo que conllevó a que miles de nacionales se represaran en albergues instalados para su atención en Cúcuta.
Durante dichas deportaciones, mujeres, niños y hombres fueron despojados de sus pertenencias, desterrados y obligados a no regresar al vecino país, algunos, teniéndolo todo en ese territorio.
Posteriormente, Maduro ordenó clausurar los demás pasos de la frontera compartida, decretó un estado de excepción y, desde entonces, un total de 22 mil 194 colombianos han abandonado Venezuela entre expulsados y retornados, según un informe facilitado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Ramírez señaló que siente «temor por su vida ante la xenofobia que existe en Venezuela hacia los colombianos» y destacó que «la Guardia, el Ejército y la inteligencia venezolana están molestos y están haciendo juicios de valor que podrían poner en peligro su situación personal».
