EL PALPITAR consultó a una experta en Derecho Internacional sobre qué puede perder Colombia en caso de no asistir al proceso en La Haya.
La decisión del presidente Juan Manuel Santos de no comparecer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el pleito limítrofe con Nicaragua, suscitó infinidad de reacciones en todos los frentes políticos, jurídicos y hasta académicos del país.
Según Santos, «los temas bilaterales entre Nicaragua y Colombia no van a seguir sujetos a la decisión de un tercero y deberán abordarse mediante negociaciones directas entre las partes, de conformidad con el derecho internacional». (Amplíe: Colombia no comparecerá ante la CIJ en pleito limítrofe con Nicaragua).
Aunque muchos sectores del país aplaudieron la decisión presidencial, empezando por el senador opositor Álvaro Uribe Vélez y el presidente de la Andi Bruce Mac Master, vale la pena analizar el trasfondo jurídico, y no político, de la resolución de Santos.
De acuerdo con María Carmelina Londoño, directora de la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, la no comparecencia de Colombia ante el máximo tribunal traería «consecuencias jurídicas y políticas«.
«En primer lugar, el litigio va a seguir adelante. En su estatuto, la CIJ da la posibilidad de no comparecer, pero el demandante puede exigir que la Corte estudie el caso de todas formas, incluso si el demandado no asiste», explicó la docente.
Según ella, no comparecer ante la CIJ equivaldría a desperdiciar la oportunidad de ganar la disputa por una vía legal. «No es bueno perder la posibilidad de exponer los argumentos jurídicos por los que Colombia considera que las pretensiones de Nicaragua son erradas», arguyó.
Asimismo, manifestó que es «lamentable que Colombia no haga una defensa jurídica de sus intereses y derechos en un ambiente pacífico y que se atiene al derecho. Además, no es positivo mostrar la imagen de que cuando no nos favorece un fallo, abandonamos los estrados judiciales«.
Sin embargo, los perjuicios para el país podrían ser mayores, pues la CIJ «podría declarar a Colombia como responsable de violar el derecho internacional«, objetivo que persigue Nicaragua con la primera de sus demandas, que refiere al incumplimiento del Gobierno nacional del fallo dictado por la Corte en 2012.
¿Y si no se acatan fallos futuros?
En caso de que el fallo final, que podría darse en un lapso de dos o tres años, resultara desfavorable para Colombia, se abriría la posibilidad de desacatar dicha decisión y declararse en rebeldía.
Sin embargo, tal postura podría traer consecuencias aún mayores, de acuerdo con Londoño. Incluso, no respetar el fallo que dio la Corte el 19 de noviembre de 2012, cuando redefinió las fronteras marítimas entre ambos países y que Colombia no ha cumplido, según las demandas nicaragüenses, tendría repercusiones jurídicas y diplomáticas.
Según la experta, en la carta de las Naciones Unidas «dice que un Estado displicente de acatar órdenes de la CIJ podría llegar a comparecer ante el Consejo de Seguridad de la ONU«, ente que podría intervenir militarmente en el caso de que el desacato ponga en riesgo la paz y armonía en la región.
«El único antecedente de este hecho se dio en 1986, cuando Nicaragua demandó a Estados Unidos y estos últimos decidieron retirarse del juicio», dijo Londoño. Posteriormente, el Gobierno Nicaragüense llevó el caso ante la ONU, pero el Consejo, del cual Estados Unidos es miembro permanente, desestimó el recurso.
«Pero Colombia no es Estados Unidos. Y, sinceramente, no sería positivo que adquiriéramos una imagen similar, en la que sólo aplicamos el derecho por conveniencia», indicó la experta.
En el peor de los casos, Colombia perdería parte de su territorio marítimo. No obstante, la Corte podría fallar a favor del país y dicha decisión sería inapelable, dejando de brazos cruzados a Managua. Ante tal panorama, afirmó Londoño, lo mejor que puede hacer Colombia es comparecer y presentar sus recursos jurídicos ante la CIJ.
