Los sectores campesinos de Colombia han manifestado sus reivindicaciones en dos huelgas, una en agosto y septiembre de 2013 y otra en abril y mayo de 2014.
Colombia vivirá a partir de este lunes, 30 de mayo, una nueva jornada de protestas convocada por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular contra las políticas gubernamentales, que consideran no responden a la voluntad de los habitantes de las zonas rurales de conseguir «la paz con justicia social y ambiental».
Los organizadores argumentan, además, que el Gobierno no les ha cumplido lo acordado en huelgas anteriores, como la de 2013, que paralizó las carreteras en buena parte del país.
El Ministerio del Interior lamentó este domingo esa decisión de la Cumbre Agraria, con quienes «se ha trabajado un promedio de mil 100 horas, manteniendo un diálogo permanente, que ha derivado en importantes resultados políticos y fiscales», según indicó en un comunicado.
Los sectores campesinos de Colombia han manifestado sus reivindicaciones en dos huelgas, una en agosto y septiembre de 2013 y otra en abril y mayo de 2014.
Tras esos paros llegaron a un acuerdo con el Gobierno para la celebración de reuniones frecuentes entre representantes del Estado y diferentes mesas regionales. Desde entonces, los representantes campesinos han denunciado en varias ocasiones que el Gobierno no ha concretado en las reuniones respuestas a sus reivindicaciones.
Entre los temas que se negocian y han generado desacuerdos figuran aspectos como la sustitución de miles de hectáreas de cultivos de coca. Sin embargo, el Gobierno afirmó que como muestra de la voluntad de diálogos se instaló la Mesa Nacional que hasta el momento ha realizado 18 reuniones plenarias.
“Se ha desarrollado un seguimiento a las garantías para los integrantes de organizaciones de defensores de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales que ejercen la protesta social», afirmó el ministerio del Interior
Por su parte, la Cumbre Agraria considera que la movilización, denominada «Sembrando esperanza, cosechando país», es necesaria porque «las políticas del Gobierno ponen en riesgo los bienes naturales, la soberanía nacional y la pervivencia física y cultural de las comunidades rurales y del conjunto del pueblo colombiano».