Los altos mandos de la guerrilla de las Farc podrán participar en política aunque hayan cometido crímenes de lesa humanidad o estén vinculados al narcotráfico, que sería considerado un delito político en el postconflicto, defendió hoy el fiscal de Colombia, Eduardo Montealegre.
Durante su intervención en un foro del movimiento social Poder Ciudadano en Bogotá, Montealegre aseguró que existen precedentes internacionales de guerrilleros reconvertidos en políticos y que en Colombia hay base legal para permitir una situación similar.
En este sentido explicó que, aunque la Constitución prohíbe la participación política a quienes han cometido delitos de lesa humanidad o genocidio, una lectura alternativa de estos términos abre la puerta política a líderes guerrilleros.
«Debe interpretarse que la prohibición de participación política opera mientras estén vigentes los delitos de lesa humanidad», apuntó.
Bajo esta premisa, añadió, «una vez cumplidas las penas, que pueden ser alternativas» los dirigentes de las Farc «que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad tendrían la oportunidad de participar en política».
«Dejo esa inquietud para la discusión», lanzó al auditorio.
Montealegre destacó que la historia de Colombia muestra que cada bloqueo a la participación política ha traído consigo el «auge de la violencia», y llamó a evitar que esto se repita si finalmente las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos firman la paz que negocian desde hace dos años en La Habana.
Dentro de la justicia transicional que el Gobierno espera aplicar en el postconflicto «todos los guerrilleros desmovilizados, incluyendo a la dirigencia de las Farc, tienen que tener la oportunidad de participar en política y de que se abran para ellos las vías democráticas y electorales de participación», afirmó.
En aras de facilitar esta integración política, el narcotráfico podría pasar a ser un delito político, defendió Montealagre, quien especificó que cualquier delito cometido durante el conflicto armado tiene una «estrecha vinculación» con la contienda y que, por lo tanto, podrá entrar en la justicia transicional.
«No me cabe la menor duda que el narcotráfico, cuando haya sido una herramienta, un instrumento dentro de la lucha armada de la insurgencia, puede entrar en el marco de la justicia transicional para efectos penales», declaró.
El fiscal dejó claro que la Constitución no prohíbe la inclusión del narcotráfico como delito político, y que por lo tanto deberá ser el Congreso quien determine «si es viable» tomar la decisión.
«En últimas será una decisión política del Congreso porque no hay ataduras constitucionales para hacerlo», concluyó.
