El acuerdo consiste, básicamente, en brindarle seguridad jurídica a lo que se pacte en La Habana
El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc, llegaron a un acuerdo jurídico por medio del cual se blindan los acuerdos de paz que se han logrado en La Habana y los restantes por pactar antes de que se firme el acuerdo final.
«Se trata de una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios, que en su conjunto constituyen una ruta expedita y segura para cumplir con los objetivos enunciados en el párrafo anterior», afirma el acuerdo revelado conjuntamente este jueves. (El texto completo lo puede ver en este link).
El anuncio, realizado por Rodolfo Benítez, garante del proceso en representación de Cuba y Rita Sandberg, delegada del Gobierno de Noruega, afirma que la Constitución tendrá un acuerdo transitorio que deberá ser llevado ante el Congreso para que este lo apruebe y será lo integrado por el acuerdo final de paz. Dicho artículo, entrará en vigencia cuando se firme el acuerdo final de paz.
“Lo hemos conseguido con herramientas de derecho internacional. Un acuerdo de paz es un acuerdo político, requiere solidez y estabilidad en el tiempo. Esa solidez requiere aprobación popular y elementos jurídicos que aún no han sido pactados en La Habana. EL acuerdo final, una vez se firme, tendrá la categoría de un acuerdo especial, esto quiere decir, que tanto el Gobierno y las Farc comparten un interés común: el fin del conflicto”, destacó Humberto de La Calle, líder del equipo negociador del Gobierno.
De acuerdo con lo expresado por De la Calle, esta decisión va encaminada a favorecer al Gobierno, las Farc y las víctimas, y busca darle garantías a quienes han sido los perjudicados por tantos años de violencia: el pueblo; además, que serán quienes refrenden lo acordado en Cuba.
“Es un acuerdo equilibrado que brinda seguridad jurídica a todos, incluso a las víctimas. Es un acuerdo de garantías para proteger lo que se están pactando en Cuba”, afirmó de La Calle.
Igualmente, el anuncio de este jueves va en la misma ruta de lo expresado por el mismo Jefe Negociador en días pasados, cuando sentenció que “Creemos que el Congreso y la Corte Constitucional son instituciones claves para alcanzar la deseada seguridad jurídica”.
Igualmente, De La Calle fue enfático en ratificar que “la Mesa de La Habana no tiene el poder de reformar por sí misma la Constitución. Sabemos que van a ser necesarias reformas constitucionales y el compromiso del Gobierno es promoverlas y convocar a los órganos competentes para lograrlo, pero para que esté claro, en La Habana no se hará una Constitución en la sombra”, finalizó.
