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PAZ

Acuerdo final: drogas y cultivos ilícitos, los financiadores de la guerra

David Esteban Álvarez Ortiz
Última actualización: 15 de septiembre de 2016 11:22 am
David Esteban Álvarez Ortiz
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5 min de lectura
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Algunos sectores, incluyendo Naciones Unidas, consideran que puede ser el primer paso para la legalización de algunas sustancias denominadas «drogas blandas».

Glifosato
Adiós a la fumigación aérea, uno de los acuerdos más relevantes. Foto: ARCHIVO. 

El cuarto punto de la agenda de paz, que analizó la problemática de las drogas ilícitas, terminó siendo a favor del Gobierno, pues se consiguió que las Farc reconocieran su participación en el negocio del narcotráfico y que, de la mano del campesinado colombiano, empiecen a sustituir cultivos.

En días pasados, el Gobierno nacional anunció que no habrá más fumigaciones en vista del daño que la aspersión aérea trae para la salud y el medio ambiente, lo cual causó escozor entre el sector de ultraderecha que se opone a la paz (Lea también: En medio de críticas, Santos ratificó que no habrá más fumigaciones con glifosato).

Justamente, esa decisión va de la mano con lo que se acordó en La Habana en las negociaciones de paz, en las que se abordó el tema de las drogas y cultivos ilícitos como una problemática de salud pública, es decir, como un problema social de fondo y con demasiadas aristas además de las del conflicto.

Por tal motivo, el punto cuatro del acuerdo final precisa que la «producción y comercialización» de drogas «han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno», con lo que las Farc reconocieron su influencia en el narcotráfico y sus claras incidencias e implicaciones para el problema del conflicto armado en Colombia.

Para empezar a solucionar el problema, se reglamentó que no habrá más aspersión con glifosato, sino que se utilizará la herramienta de sustitución de cultivos. 

Esto permitirá, desde el papel, que familias de campesinos que están sumidas en la pobreza y que actualmente sobreviven cultivando coca y otras plantas de las que se derivan los estupefacientes y vendiéndolas a los grupos armados utilicen sus terruños para cultivar otra clase de semillas, las cuales les permitan seguir subsistiendo sin aportar indirectamente a la financiación de los grupos delictivos. 

Cabe destacar que este punto del acuerdo está directamente relacionado al primero, que aborda la reforma del agro, y tiene políticas de enfoque, a saber, en municipios con mayores índices de pobreza y de mayor influencia del conflicto armado (Lea nuestro resumen del primer punto del acuerdo: Acuerdo final: el primer paso a una reforma agraria).

Dichos territorios contarán con la presencia estatal con el objetivo de garantizar la seguridad de los campesinos que sustituyan los cultivos y evitar que otros grupos armados externos al proceso de paz se apropien de los mismos para su financiación.

Claro está, se necesita un marco jurídico especial que exima de pagar penas a los campesinos y pequeños agricultores, lo cual también está acordado en el cuarto punto de la agenda.

Éste también contempla la construcción de asambleas comunitarias rurales en aquellos sectores para que coordinen, con delegados de las Farc y del Gobierno nacional, quienes verificarán el fiel cumplimiento de los acuerdos en dichos territorios.

Drogas y salud pública

Hablando de enfoque, el cuarto punto del acuerdo reglamenta que es necesario que se diseñen políticas para prevenir el consumo, pero que no estigmaticen al consumidor ni mucho menos se le penalice, lo que podría abrir las puertas en un futuro a la legalización de algunas drogas.

«Las acciones frente al consumo de drogas ilícitas deben ser integrales, efectivas y sostenibles en el tiempo, e incluir una labor promocional de estilos y condiciones de estilos de vida saludables, la prevención del consumo, el tratamiento y la rehabilitación, a partir de la identificación de las necesidades en salud de la población», apunta, asimismo, el acuerdo.

Además, detalla que es necesario evaluar las políticas frente al tema de las drogas y crear unidades especiales que hagan investigaciones frente al tema y eduquen a la ciudadanía.

Eso sí, garantiza la judicialización efectiva de aquellos que se lucran con este tipo de cultivos y que se investigue si hay relación de éstos con crímenes de lesa humanidad, además de delitos de corrupción y lavado de activos.

Este es sólo uno de los puntos del acuerdo final pactado entre Gobierno y Farc en Cuba, y que usted podrá refrendar o derogar el próximo 2 de octubre. Para leer todo el primer punto de los acuerdos, visite el sitio web oficial.

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TAGGED:conflicto armadoFarcnarcotráfico.Proceso de Paz
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Por David Esteban Álvarez Ortiz
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Soy periodista, locutor e historiador en formación. Aficionado a la cocina, al cine, al fútbol y al baile, creyente de la educación como motor de cambio. Redactor de economía y derechos humanos.

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