Este punto del acuerdo enmarca y regula la jurisdicción especial para la paz, que busca establecer penas desde morales hasta carcelarias para los victimarios y plena reparación a las víctimas.
El quinto punto del acuerdo final de paz es el que pone fin a las consecuencias del conflicto armado y garantiza que no habrá más confrontaciones ni afectaciones por parte de las Farc a la población civil.
El conflicto armado en Colombia ha tenido, claramente, muchos actores que confluyeron y agravaron más la problemática social del país. Esto ha ocasionado que haya, a su vez, más de un victimario; el Estado, las Farc, el Eln, las fuerzas paramilitares y el resto de bandas y organizaciones delincuenciales han dejado víctimas por todo el país.
En Antioquia, el departamento con mayor número de víctimas del país (casi dos millones), las regiones con mayor cantidad de afectados por el conflicto son Urabá, Oriente y Bajo Cauca.
Para poner punto y final a esa trágica dinámica, el acuerdo final busca darles reconocimiento a esas víctimas, que expongan su realidad de los hechos y que sean escuchadas, con el fin de evitar que se repita la triste historia de la nación.
El quinto y último punto de la agenda de paz trata el tema de víctimas y busca diseñar un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, el cual tiene como principales objetivos satisfacer los derechos de las víctimas y ajusticiar a los responsables.
Para tal fin, se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición que escuchará, antes de a cualquier otra persona, a las víctimas por los delitos del conflicto armado, a saber, homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, secuestro, entre otros.
Luego, se escucharán a los actores restantes del conflicto: el Estado colombiano, las Farc y cualquier persona inculpada o capturada que pueda dar información frente al caso.
Todo hecho que constituya una violación al Derecho Internacional Humanitario -DIH-, la Comisión, conformada por once personas, tendrá la obligación de esclarecerlos y reconocerlos, siendo este tan solo el primer paso.
Luego, con base en las recomendaciones que haga la Comisión y bajo el seguimiento y verificación de un comité, se buscará reparar a las víctimas. En los casos de desapariciones, se creará la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que tendrá el encargo de coordinar y adelantar los procesos de búsqueda, identificación, localización y entrega de restos a los familiares. Todo lo anterior, partiendo de la información que suministre la Comisión tras escuchar a los actores del conflicto.
Jurisdicción especial para la paz
Para empezar, se creará el Tribunal para la Paz, que se ocupará de los delitos no amnistiables ni indultables, como los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, en especial de los casos más graves y representativos.
Para tales casos no habrá amnistía y los culpables deberán contribuir a la verdad, además de dar indicios que permitan dar con las personas desaparecidas, si es el caso.
Cabe señalar que esta jurisdicción solo será aplicable para aquellos subversivos que se sometan a los acuerdos finales y que hagan todo el proceso de desmovilización tal y como lo ordena el acuerdo. Sin embargo, no entrará en conflicto con los paramilitares que se sometieron al proceso de Justicia y Paz.
Así las cosas, los delitos que tendrán indulto serán aquellos catalogados como políticos, a saber, rebelión, y cualquier otro que esté conexo a éstos. Hay dos criterios para medirlos: los de inclusión (desarrollo de rebelión, cuando el Estado es el sujeto pasivo y cuando se facilita, apoya, financia u oculta la rebelión), y los de exclusión, es decir, los que se excluyen de amnistía (lesa humanidad).
Como aspectos a destacar hay que decir que cuando haya cooperación con la justicia, los que cometieron delitos de lesa humanidad deberán pagar penas con rebajas sustanciales, en tanto que los que no reconozcan los delitos purgarán penas de entre 15 y 20 años de cárcel.
Además, en ningún caso habrá extradición y la condena penal no será política, es decir, no inhabilitará al condenado para que ocupe cargos públicos una vez esté en libertad.
Este es sólo uno de los puntos del acuerdo final pactado entre Gobierno y Farc en Cuba, y que usted podrá refrendar o derogar el próximo 2 de octubre. Para leer todo el primer punto de los acuerdos, visite el sitio web oficial.
