La iglesia invitó a los médicos católicos para que no procedan a aplicar esta práctica y los exhortó a acudir a la objeción de conciencia en caso de ser necesario.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis Augusto Castro, dijo que la iglesia Católica seguirá considerando que la eutanasia es un crimen y llamó al Gobierno y al Congreso a que revisen un protocolo que fija las normas para aplicarla.
«Seguiremos declarando siempre que la eutanasia es un crimen y que la vida nos la dio Dios para administrarla hasta último momento, no para quitárnosla, entonces ojalá haya una reflexión sobre este tema a nivel del Ministerio de Salud y del Congreso», señaló
El Gobierno colombiano publicó este miércoles 22 de abril, los protocolos para aplicar la eutanasia a enfermos terminales que hayan manifestado su deseo de morir dignamente, informó el Ministerio de Salud, que cumple así un mandato de la Corte Constitucional.
El ministro de Salud Alejandro Gaviria Uribe, explicó que la resolución 1216 de 2015, precisa que las personas que expresen su voluntad de tener una muerte asistida deberán cumplir con dos requisitos: ser mayores de edad y padecer una enfermedad terminal.
En una referencia al proceso de paz con las Farc, monseñor Castro señaló que «es curioso que mientras estamos luchando por acabar con esta guerra que ha generado tanta muerte, por otro lado estamos tratando de crear leyes para generar más muertes».
El jerarca católico advirtió que la tarea de los médicos hoy en día es ayudar a vivir a la gente y consideró «terrible cuando uno empiece a ver médicos que se especializan en matar a las personas» pues, agregó, «ya uno no iría con mucha tranquilidad a un hospital, porque la ética va cambiando de una manera lamentable».
Por medio de la resolución publicada, el Gobierno estableció las directrices para la organización y funcionamiento de los comités interdisciplinarios que harán efectivo el derecho a morir dignamente.
Según la norma, el médico tratante determinará las condiciones de enfermedad terminal y le presentará la evidencia a un comité interdisciplinario definido por la institución prestadora de servicios de salud – IPS, que verificará que las dos condiciones básicas se cumplan.
Además, confirmará la voluntad del paciente y ordenará aplicar el procedimiento.
El Comité tendrá 10 días de plazo para verificar la información y después de confirmar la voluntad del paciente de morir de forma asistida, tendrá 15 días más para aplicar el procedimiento o en la fecha que el paciente así lo indique.
