El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder- tiene más de cuatro mil solicitudes de titulación en ambos municipios.
Un total de 68 familias víctimas del conflicto armado de los municipios antioqueños de San Francisco y Cocorná, recibieron títulos de predios baldíos, a los cuales retornaron luego de que fueran desplazados por la violencia.
Una de las familias beneficiadas por la iniciativa es la compuesta por Albeiro de Jesús Cano y su esposa, Berta Martínez. En 2003, se vieron obligados a abandonar su tierra debido a las minas antipersonales que las Farc instalaron en ella.
«Minaron dos caminos que habían y dejaron un solo camino para salir y por ahí salimos todos, la mayoría de la gente de las veredas de Rancho Largo y de Jardín, corriendo en medio de las balas y con mucho miedo de que muriéramos antes de llegar al pueblo», recordó Albeiro, quien explicó que en ese momento huyó de su vivienda con un hijo de siete años y una niña de dos.
Por su parte, Berta contó que no solo salieron huyendo a causa del accionar de grupos ilegales. «Huimos con miedo de que la balas nos cogieran, no sólo las de la tierra sino las del aire con el helicóptero del Ejército que tiraba granadas». Relató que, mientras huían al casco urbano de San Francisco, en medio de ellos cayó un explosivo que casi impacta a «uno de los niños que iba caminando, dejándolo aturdido y sin aliento».
Hoy, luego de más de 10 años de abandono de sus tierras, esta familia retornaron. Además, en 2013, la Unidad de Víctimas les hizo entrega de una indemnización económica a modo de reparación, la cual invirtieron «en la finca, en reformas estructurales y en ganado para poder comenzar de nuevo», como indicó Berta.
Esta iniciativa de restitución de tierras en estos dos municipios la adelantan el Incoder y la Unidad de Víctimas en compañía de las autoridades municipales y departamentales con el propósito de garantizar el derecho a la tierra de la población que, a causa de los estragos de la violencia y el conflicto, han tenido que dejarla abandonada o en manos de grupos ilegales.
Cabe recordar que en 2014, el Instituto entregó 126 títulos de adjudicación a familias de estos dos mismos municipios y, desde entonces, ha estado haciendo acompañamiento de proyectos productivos e indemnización a dichos grupos familiares.
