Estas madres atienden a 750 mil niños y niñas menores de cinco años, considerados «población vulnerable del país».
Pese a que este jueves se llegó a un acuerdo con el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) para levantar el paro que tenían las madres comunitarias desde hacía 11 días, ellas aún piden la renuncia de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, tras dudar de su capacidad para dirigir la institución.
Marleny Ramírez, vicepresidenta del Sindicato de Madres Comunitarias Sintracihobi, aseguró que: «Requerimos que esta señora (Cristina Plazas) salga de la dirección del Bienestar Familiar, porque es una persona inhumana que no conoce a fondo el programa, ha hecho muchos daños a lo estipulado desde hace 30 años y además ha desvirtuado constantemente nuestras exigencias».
Según lo explicado por Ramírez, el programa de madres comunitarias funcionaba hace unos años con asociaciones que atendían 25 hogares comunitarios cada uno, estos se hicieron con el objetivo de que la misma comunidad los manejara y todos salieran beneficiados.
Sin embargo, se contrataron operadores privados que ahora manejan hasta 400 centros comunitarios. «Esto llega a ser inoperable (…) nos sentimos utilizadas y sobrevaloradas, porque de esta forma ellos no tienen consideración y no conocen nuestro empeño y esfuerzo para con la labor que desempeñamos».
A partir de estas inconformidades, las madres comunitarias llegaron a diferentes puntos para solucionar las situaciones. Ahora, el ICBF promete cumplirle los derechos laborales a más de 58 mil de ellas, quienes atienden a 750 mil niños y niñas menores de cinco años, considerados «población vulnerable del país».
En los acuerdos se estableció que se garantizarán los contratos de aportes con las Empresas Administradoras de Servicios (EAS) y la obligación de contratar a las madres comunitarias, actualmente vinculadas, hasta el 31 de octubre de 2016.
Asimismo, se celebrarán contratos de aporte con las EAS con término de duración entre el 1 de noviembre de 2016 y el mes de julio de 2018, los operadores privados prestarán sus servicios hasta octubre y se volverá a estipular la esencia del proyecto con las asociaciones.
«Estamos muy satisfechas con lo que se firmó porque reivindican los derechos de los niños y de nosotras y además como otra buena noticia, se piensa legislar en julio una pensión digna para nuestra labor como madres comunitarias», afirmó Marleny Ramírez.
A pesar de esto, las madres comunitarias quieren que el país conozca su situación y el desacuerdo que tienen hacia la dirección de Cristina Plazas en el ICBF, por lo que han empezado a desarrollar circulares con el ánimo de comunicar esto a la población.
La Directora del ICBF aseveró, frente a la situación de estas madres, que: “Nosotros hemos garantizado desde el principio de este Gobierno la formalización de las madres comunitarias. Gracias al presidente Santos, ellas tienen un contrato laboral donde se les reconoce todas sus prestaciones sociales. Hoy avanzamos más para que todos estos cooperadores que contraten a las madres comunitarias, les cumplan sus derechos”.
Por el momento, las madres comunitarias ya retiraron sus carpas y se dispondrán a retomar sus labores a partir de la próxima semana. “En estos días de paro más de 16 mil niños no fueron atendidos (en el Bienestar Familiar). El llamado que hacemos es que se puede expresar y exigir los derechos a través de protestas, pero sin perjudicar los servicios de los demás”, aseguró la Directora del ICBF.
Así las cosas, las madres comunitarias esperan que el acuerdo se cumpla en su totalidad para, de esta forma, seguir prestando sus servicios a la comunidad.
