Las denuncias, provenientes de organizaciones de la sociedad civil, estarían motivadas por la lentitud con la que marcha el proceso de restitución en Antioquia.
De acuerdo con la fundación Forjando Futuros, que se especializa en temáticas de restitución de tierras, varios fallos proferidos por jueces municipales estarían siendo desacatados por empresarios y particulares, en incumplimiento con la Ley de Restitución impulsada por el Gobierno.
Según la organización, los casos más complejos estarían en el municipio de Turbo, donde varios ocupantes se rehusaron a desalojar oportunamente los predios que fueron restituidos a sus legítimos propietarios por el poder judicial.
En la vereda California, del corregimiento Nueva Colonia, el Tribunal Superior de Antioquia «declaró la prescripción de la investigación después de 14 años de trámites judiciales», lo que evidencia «impunidad para los empresarios y despojo para los campesinos», para Forjando Futuros.
En dicho predio, al igual que en 12 similares ubicados en la vereda Guacamayas, del corregimiento turbeño de Macondo, particulares estarían impidiendo la restitución. En estos últimos terruños, de acuerdo con las víctimas denunciantes, la empresa implicada sería Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A., que habría demandado ante la Fiscalía y la Corte Suprema un fallo de devolución de tierras, lo que habría llevado a los tribunales a uno de los reclamantes.
En algunos casos, las demoras en los trámites judiciales ascienden a más de una década, lo cual ha ralentizado el proceso, que en Antioquia no llega a un porcentaje de dos dígitos de su cumplimiento.
Este hecho se repetiría en Monteverde, del mismo municipio, donde Todo Tiempo S.A. y su propietario, Fabio Moreno, no reconocieron las sentencias judiciales a favor de Alicia Carupia, una indígena que junto con su familia no ha podido retornar a su predio.
Casos similares se ven en todo el municipio, como el de José María Calle, a quien se le negó la posibilidad de regresar a su tierra pese a un fallo judicial, debido a que ésta se halla en una zona de reserva forestal. Según denunció Forjando Futuros, justo allí hay «empresarios opositores» que siguen «explotando la tierra».
¿Y los compradores inocentes?
Muchas personas adquirieron predios que otrora fueron el fruto del delito: grupos al margen de la ley despojaron a los legítimos dueños de los terruños y, después de varios años, vendieron los mismos a personas bienintencionadas que desconocían los hechos.
No obstante, para Paola Cadavid, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia, la Ley es equitativa tanto para reclamantes como para ocupantes legales.
«Lo primero que tenemos que aclarar es que la Ley de Restitución establece presunciones a favor de las víctimas que no están en la ley ordinaria. La persona que está en el predio, el opositor, es quien tiene que demostrar que su presencia en el predio no obedece a aprovechamiento de las circunstancias y el conflicto», indicó Cadavid.
La Directora precisó que, aunque hay testaferros y empresarios que se aprovecharon del conflicto y actualmente se oponen al proceso, la Ley es clara al determinar que deben salir de esos terrenos y el Gobierno ha hecho lo oportuno para hacerla efectiva.
Sin embargo, «también hay gente incauta que no averiguó en su momento que estaba comprando un predio ilegal, ocupantes vulnerables que son víctimas», dijo.
Para dichas personas, «la Unidad tiene un acuerdo que destina recursos para ayudarlas. Es un tratamiento diferenciado», concluyó Cadavid.
