El hashtag #NoSonBacrimSonParas, con el que los tuiteros hicieron saber sus dudas frente a la problemática del país por el paro armado del Clan Úsuga, fue tendencia en Colombia durante la mañana de este viernes.
La ofensiva del ‘Clan Úsuga’ durante las últimas 36 horas ha causado conmoción en el país y generado serias dudas entre la ciudadanía: algunos alegan que el paro armado estaría relacionado con la marcha a realizarse este sábado (anunciada por el Centro Democrático), en tanto que algunos cuestionan los orígenes, estructura y formas de operar de las Bacrim.
Expertos consultados por este medio indicaron que, evidentemente, hay una relación entre el paro y la marcha. No obstante, difirieron en las motivaciones del grupo ilegal.
Por una parte, Carlos Alfonso Velásquez, coronel retirado del Ejército y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Sabana, manifestó que «la marcha es para presionar la renuncia del Presidente por lo malo que ha pasado en el primer trimestre, y el aumento de los ataques por parte de las Bacrim es un factor agravante».
Sin embargo, aclaró que «no quiere decir que se hayan puesto de acuerdo» uribistas e ilegales, pero aseguró que ambas partes están aprovechando la situación actual para darle fuerza a sus argumentos: por un lado, los delincuentes para presionar al Estado; y por el otro, el uribismo para «confirmar» lo que ha denunciado desde que se constituyó como partido político, a saber, que la seguridad se ha debilitado.
Por su parte, Hernán Olano, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de la Sabana, indicó que la ofensiva obedece a «medidas desesperadas» que pretenden poner contra las cuerdas al Estado, a fin de iniciar una eventual negociación.
«El Gobierno acaba de anunciar inicio de negociaciones con el Eln, y ese paro es un aviso del ‘Clan Úsuga’ al Presidente para solicitar diálogos, y lo consigue evidenciando un supuesto poder desestabilizador en el país», argumentó.
Asimismo, explicó que no es factible «que haya nexos del Uribismo con el paro armado», y si los hay, es porque «las Bacrim desean evitar que se realice la marcha del 2 de abril».
Además, Honorio Henríquez, senador de la República por el Centro Democrático, señaló a El Palpitar que la ofensiva es responsabilidad directa del Estado, el cual «ha perdido el Norte en su política de seguridad», lo que han «aprovechado las Bacrim y grupos terroristas como Farc y Eln» para aumentar su poder.
«En el país, no hay Dios ni Ley. Ellos [los delincuentes] creen que la Justicia no les va a llegar porque hay exoneración para todos. (…) Ellos creen que delinquiendo el Gobierno les va a prestar atención. El país se le salió de las manos a Santos», puntualizó Henríquez.
Por consiguiente, fue enfático al decir que «no hay vínculo alguno entre la marcha y el paro«, ya que si el ‘Clan Úsuga’ apoyara la iniciativa uribista, «no incitarían a un paro que la perjudique, sino que movilizarían a la gente».
No obstante, precisó que «es necesario que las autoridades competentes investiguen por qué los ‘Úsuga’ están haciendo un paro ‘ad portas’ de una marcha convocada por la oposición democrática, que uno puede inferir que es un saboteo a la misma«.
¿Reinvención del ‘extinto’ paramilitarismo?
De acuerdo con Hernán Olano, «el Ministerio de Defensa no ha sido eficaz en la ofensiva» contra las Bacrim. «Aunque en el Gobierno de Álvaro Uribe se creó una comisión para combatir las Bacrim, el de Santos no la ha aprovechado. Los grupos ilegales se han fortalecido al punto de que pueden bloquear el acceso a la Costa Atlántica desde Antioquia», arguyó.
El senador Henríquez, en esa misma línea, sostuvo que «el Clan Úsuga tiene acorralado al país, pues se perdió la seguridad como valor primordial en Colombia», lo cual se debe a una supuesta inoperancia estatal y «al vínculo existente entre los ‘Urabeños’ y las Farc».
Precisamente, Carlos Alfonso Velásquez expresó que «es evidente» que dicho grupo ilegal «se compone de exguerrilleros y exparamilitares».
Tal afirmación estaría en consonancia con un informe de Human Rights Watch -HRW-, que las Bacrim serían los sucesores del paramilitarismo, y que el grueso de sus filas lo compondrían milicianos que no estuvieron de acuerdo con los acuerdos de Ralito, firmados durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
«Independientemente de cómo se les llame a estos grupos – paramilitares, bandas criminales y otra denominación (Rastrojos, Urabeños o Los Paisas)- no debe minimizarse el impacto que tienen actualmente para los derechos humanos en Colombia», dijo José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.
Básicamente, el informe sustenta la investigación en tres patrones coincidentes entre las ‘extintas’ Autodefensas Unidad de Colombia -AUC- y las Bacrim: los mandos medios de los paramilitares son quienes dirigen estos grupos (los altos mandos están presos o muertos); los grupos se encuentran activos en las zonas donde tenían presencia las AUC; los grupos operan de la misma forma que las AUC, ya que controlan territorios, participan en el narcotráfico y cometen abusos contra la población civil.
Lo importante ahora, de acuerdo con los expertos, es que el Gobierno tome decisiones y acciones frente a la situación y afiance su presencia en las zonas de mayor influencia de tales grupos, a saber, Córdoba, Sucre, Antioquia y Chocó.
