“La Adopción es en esencia una medida para el restablecimiento del derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a crecer en una familia”. Eduardo Franco, subdirector de Adopciones del ICBF.
En Colombia, un total de 77 mil 210 niños, niñas y adolescentes tienen declaratoria de vulneración y otros nueve mil 502 tienen declaratoria de adoptabilidad, luego de haber sido víctimas de violencia y vulneración de sus derechos. Sin embargo, más de cinco mil aún no ven reestablecido su derecho a crecer en una familia.
“Es mandatorio que como sociedad y como Estado tratemos de que el niño o la niña pueda vivir con su familia. Se necesitan directrices y acciones claras frente al fortalecimiento de las familias para brindarles acompañamiento y asesoría para la crianza, blindando a los niños de posibles vulneraciones”, asegura Ángela Rosales, directora de Aldeas Infantiles SOS.
Según Rosales, generar claridad en relación con estas garantías, permite establecer la idoneidad de las familias y asegurar si son o no pertinentes para que los niños y niñas crezcan allí.
“Si definitivamente la familia no es protectora, la adopción es el mejor camino para restablecer el derecho a tener y a crecer en una familia”, enfatiza la Directora de Aldeas Infantiles SOS.
La adopción: todo un proceso, todo un derecho
De acuerdo con Aldeas Infantiles SOS, la adopción de un niño implica que desde todo punto de vista y de manera irrevocable, los aspirantes a ser adoptantes asuman su papel y se conviertan en los padres del niño o niña, haciendo suyas las competencias como el cuidado, la protección, el amor y la salvaguarda.
“Lo importante es que durante el proceso se encuentre una familia con habilidades parentales para dar una crianza amorosa, respetuosa y garante de derechos”, remarca de manera enfática, Ángela Rosales.
En un informe reciente revelado por la Fundación Agencia de Comunicaciones Periodismo Aliado de la Niñez, el Desarrollo Social y la Investigación–Pandi-, Eduardo Franco, subdirector de Adopciones del ICBF, explicó en relación con el proceso de adopción que “el niño o la niña entra al ICBF porque se ha conocido de oficio o por una denuncia, que alguno de sus derechos está siendo vulnerado y es víctima de: maltrato, violencia sexual o negligencia, entre otros”.
Una vez surtido este proceso, el caso pasa a manos de un defensor de familia quien se encarga del restablecimiento de los derechos, proceso mediante el cual se realizan las investigaciones pertinentes para decretar el estado de vulneración del niño, niña o adolescente; igualmente, la pertinencia de que permanezca o no con su familia biológica o si entran a hacer parte de un proceso adoptivo.
“A pesar de las situaciones de maltrato, algunas pueden ser superadas a través de una intervención y acompañamiento juicioso del Estado a las familias. A veces, las situaciones de pobreza allanan el terreno que lleva a vulneraciones como maltrato, negligencia o trabajo infantil, y por ello, hay que apoyar a las familias para salir de esa situación”, insistió la doctora Rosales, directora de Aldeas Infantiles SOS.
Para Aldeas, entidad que protege y acoge a más de 800 niños, niñas y adolescentes, una de las “mayores preocupaciones frente al sistema de adopciones en Colombia” tiene que ver con los tiempos para decidir “la situación de adoptabilidad y la asignación de una familia”, según se reporta en el informe de Pandi.
“La rigurosidad en la búsqueda de la posible familia extensa que pueda brindar un hogar a un niño, fue reforzada con la Sentencia T-844 de 2011, que llevó al ICBF a la búsqueda de parientes en el sexto grado de consanguinidad, parece haber influido en la rapidez de las decisiones y las estadísticas muestran un descenso de más del 50% en la asignación de familias a los niños y niñas con declaratoria de adoptabilidad”, afirma el informe.
“Se necesitan equipos y programas centrados en la búsqueda de lazos familiares que puedan empoderar y apoyar a las familias para que puedan recibir a los niños y niñas. Se requiere avanzar en estrategias que favorezcan el reintegro familiar”, comenta Ángela Rosales, quien en sus preocupaciones remarca que mientras todo esto sucede, “hay que considerar la difícil situación por la que pasan los niños al ser separados de sus familias”.
“El sistema tiene que estar a favor del niño. Lo que vemos es que ellos mismos empiezan a aprender y a reclamar al sistema por sus procesos, esta falta de información y de participación también vulnera al niño”, finaliza Rosales.
