Gobierno y Farc acordaron la semana pasada iniciar con la búsqueda inmediata de personas desaparecidas por tal grupo armado.
Con buena fe observan las víctimas de Medellín el acuerdo concertado por el Estado y las Farc en La Habana en relación con los desaparecidos, aunque exigieron que la verdad y la justicia deben ser factores que primen durante todo el proceso y el probable posconflicto.
Si bien reconocen que han existido avances significativos en la búsqueda de desaparecidos y atención psicosocial a familiares y víctimas, la visión general es que hace falta más trabajo.
Luz Elena Galeano, víctima y representante de Mujeres Caminando por la Verdad, organización de la Comuna 13 – San Javier, considera que aún «hay muchas verdades escondidas tanto por el Estado como por los grupos al margen de la ley en Medellín».
«Hemos tratado de mostrar una ciudad bonita, pero las autoridades no se han dedicado a visibilizar los daños causados por la guerra ni a erradicar la violencia, la desigualdad y la pobreza«, indicó. Además, detalló que la reparación por los hechos no ha sido eficiente. Por ejemplo, de 180 mujeres que pertenecen a la Organización, tan solo cinco han sido indemnizadas por el Gobierno.
Aún así, reconoció que los acuerdos pactados en La Habana son la vía ideal para que los afectados por el conflicto sean reparados de forma integral. «Dichos acuerdos son favorables para las víctimas, pero se deben priorizar la verdad y la justicia, ya que son fundamentales a fin de acabar con la impunidad y evitar la repetición de los hechos«, dijo Galeano.
Por su parte, Teresita Gaviria, representante legal de la Organización Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, señaló que la verdad no existe aún. «El Estado se comprometió a reparar a las víctimas con información de dónde están los desaparecidos, y eso no se ha visto».
Añadió que los paramilitares han ido develando poco a poco dónde están los desaparecidos, lo que calificó de positivo. Pero, agregó que es importante que las Farc y demás grupos «aclaren qué pasó con los familiares de las víctimas».
Precisamente, la religiosa Rosa Cadavid, quien desde hace varios años trabaja con las víctimas de la Comuna 13 de Medellín, expresó que es un «avance muy positivo y una muy buena noticia» lo acordado en La Habana, ya que así «podrán salir del sufrimiento de la incertidumbre» las personas afectadas por desaparición forzada.
«El daño es irreparable e irreversible, pero al menos se satisfará la duda de las personas que no saben cómo murieron ni dónde están los cuerpos de sus familiares», dijo la Hermana Cadavid.
¿Está ambientada Medellín para un factible escenario de posconflicto?
Es innegable que en la capital antioqueña se concentró gran parte de la violencia por parte de los grupos ilegales. Justamente, Antioquia es el departamento con mayor número de víctimas a causa del conflicto, según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas.
Por tal motivo, es fundamental que las políticas futuras de la ciudad armonicen con lo que se pacte en Cuba. Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social -Corpades-, manifestó que «la paz rural debe estar en consonancia con la urbana«, por lo que son necesarios «diálogos urbanos para el sometimiento a la justicia de las bandas delincuenciales de la ciudad».
Agregó que las Auc y las Farc no fueron ni son los únicos actores del conflicto, por lo que los acuerdos se deben extender a otros grupos. «Con algunos retrasos, estoy seguro de que de La Habana van a salir resultados importantes. Y ojalá esto se complemente con acuerdos futuros con el Eln y el Epl«, afirmó Quijano.
Finalmente, puntualizó la importancia de que en todas las ciudades del país haya armonía con lo que se defina en el proceso. «El escenario de posconflicto en la ciudad parte de que el próximo Alcalde comprenda que la paz es el camino y que se debe someter a los acuerdos que vengan de Cuba», finalizó, no sin antes mencionar la importancia de que se resuelvan las dudas en torno a los crímenes ocasionados por el Estado y sus presuntos nexos con el paramilitarismo.
