‘Ad portas’ del trigésimo aniversario de los hechos del Palacio, reina la incertidumbre en cuanto a algunas víctimas hoy desaparecidas.
Familiares de los desaparecidos tras la retoma del Palacio de la Justicia de Bogotá hace casi 30 años pidieron que se convoque a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, con el fin de formar un equipo internacional que trabaje en la identificación de sus parientes.
Ese equipo estaría formado por expertos en antropología forense, en genética y las diferentes áreas que tienen que ver con la identificación de los restos de las once personas desaparecidas tras el hallazgo anunciado hoy de tres de ellas, según explicaron los abogados de los familiares en una rueda de prensa en Bogotá.
Las autoridades judiciales localizaron los restos de tres de esas personas desaparecidas, según informaron fuentes oficiales, lo que arroja algo de luz sobre el caso por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano el año pasado.
Los tres cuerpos identificados son los de Cristina del Pilar Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela, que habían sido enterrados en tumbas de los cementerios Sur y Norte de Bogotá.
Según explicó en la rueda de prensa Jorge Molano, uno de los abogados de las víctimas, la petición de acompañamiento permanente internacional en la nueva fase que se inicia con los nuevos hallazgos se debe en parte a que «personal de inteligencia militar ha estado vigilando las diligencias de exhumación» de los cuerpos y «ha intentado ingresar al Instituto de Medicina Legal».
En este sentido, hizo hincapié en que dos personas fueron sacadas por personal de la Fuerza Pública del Palacio de Justicia en 1985, «fueron asesinadas estando en poder del Ejército y después fueron plantados dentro» del edificio.
Por ello, pidió a las autoridades que «estos actos de hostigamiento se suspendan e inviten a la Fuerza Pública para que diga la verdad y entregue el paradero de los desaparecidos».
Otro de los abogados, Eduardo Carreño, señaló que Portela León, estaba enterrada en una tumba bajo el nombre de otra funcionaria fallecida en la retoma, Livia Rincón Mora, por lo que «ahora hay un nuevo desaparecido». Esa es una situación que «posiblemente va a pasar con los otros casos», añadió.
Una historia con trazos sin contar
El Palacio de Justicia, situado en la Plaza de Bolívar del centro Bogotá, fue tomado a sangre y fuego el 6 de noviembre de 1985 por unos 35 guerrilleros del hoy disuelto Movimiento 19 de Abril -M19-.
Los guerrilleros hicieron rehenes a más de 300 personas entre magistrados, empleados y visitantes, para efectuar un «juicio político» al entonces presidente colombiano, Belisario Betancur. Al día siguiente Fuerzas Militares y de la Policía recuperaron el control del Palacio, reducido a escombros y cenizas.
Según cifras de la Comisión de la Verdad, creada en 2005 para investigar el «holocausto del Palacio de Justicia, la toma y retoma de la edificación dejó un centenar de muertos, incluidos once magistrados de la Corte Suprema.
Además, la Comisión, que concluyó funciones en 2010, aclaró que hubo por lo menos once desaparecidos tras la retoma del Ejército, la cual la Corte Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó de «desproporcionada y excesiva».
