Comerciantes denunciaron atropellos por parte de agentes de la Policía durante su protesta.
17 comerciantes del centro comercial Mediterráneo, en Medellín, se encadenaron para exigir respeto y soluciones a los actuales dueños del predio, quienes presuntamente han intimidado a los arrendatarios desde mediados de 2015.
La protesta, que inició desde la mañana de este lunes primero de febrero, empezó con denuncias proferidas por los mismos manifestantes porque, al parecer, han sido víctimas de abusos y golpes por parte de agentes de la Policía.
“La señora se está amarrando en forma de protesta y me dijo que filmara para que vieran que me están aporreando, pero cuando iba a grabar me dieron un golpe en la cabeza y me subieron a la patrulla”, expresó Jhon James Parra Monsalve, quien aseguró que los policiales lo trasladaron a un centro asistencial y lo dejaron solo.
La protesta radica en que los nuevos dueños de este predio, que son una familia española investigada por la crisis mobiliaria desatada en el país ibérico, habrían estado utilizando mecanismos de intimidación a los comerciantes para que abandonen sus locales, pese a tener contratos vigentes.
“Estoy reclamando mi sagrado derecho, llevamos mucho tiempo aquí y esta gente llegó sin mostrarnos sus proyectos, sin decirnos hasta que tiempo podemos estar, pero solo llegaron a atropellarnos y desmantelaron todo el centro comercial” dijo Eunice Reyes, comerciante de un restaurante.
Sin embargo, el abogado de la propiedad argumentó que no se está realizando ningún desalojo y han explicado que han hecho una especie de control en los locales, por supuestos reclamos que vecinos han levantado por el nivel de ruido que generan los mismos.
“Nuestra política es que nuestros contratos se mantienen vigentes para que se venzan a término contractual pactado, no estamos solicitando ningún desalojo ni ninguna actividad relacionada”, explicó Juan David Borja, abogado de la copropiedad.
De esta manera, los comerciantes que denuncian ser víctimas de presiones y atropellos por parte de los nuevos dueños, seguirán protestando y visibilizando su desacuerdo por las presuntas malas prácticas que han puesto en riesgo la estabilidad de sus negocios.
