La aspersión de este potente químico ha sido uno de las herramientas de las que se ha servido el Gobierno para combatir las plantaciones de coca en el país.
El viceministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, aseguró este martes 28 de abril, que espera que el Gobierno adopte la recomendación emitida por ese Ministerio de suspender el programa de aspersión con glifosato, un potente herbicida usado para eliminar cultivos ilícitos.
Esa decisión no afectará al uso comercial del glifosato, ya que en ese caso los usuarios tienen la autonomía de decidir si emplean o no este herbicida, señaló Ruiz en una entrevista con un medio nacional.
Cuando hay fumigaciones con glifosato las personas están expuestas a ese herbicida «y en esto es donde entra a primar el principio de precaución, en el que estamos diciendo que la persona debe tener la autonomía de si lo usa o no lo usa», señaló.
Asimismo, ha generado duras críticas por el riesgo que existe por algunos componentes de este herbicida que podrían ser cancerígenos, lo que llevó al Ministerio de Salud a recomendar al Gobierno la suspensión de su uso para la erradicación de cultivos ilícitos.
En su entrevista, Ruiz destacó que en el glifosato vendido a nivel comercial deberá llevar un aviso en las etiquetas acerca del riesgo que conlleva para los humanos.
Esto se fundamenta en «el hecho nuevo de la clasificación por la Organización Mundial de la Salud – OMS» y que llevó a expedir la recomendación al Gobierno.
Sin embargo, subrayó que «la decisión no es vinculante y el Gobierno es independiente de tomar la recomendación».
En la misiva, el Ministerio se hace eco de los resultados de la reunión de expertos de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer – IARC, que forma parte de la OMS, y que clasificó ese herbicida como primero en la lista de los cinco plaguicidas probablemente carcinogénicos para los humanos.
Las aspersiones con glifosato en el sur de Colombia ocasionaron un litigio con Ecuador, que demandó al país en 2008 en la Corte Internacional de Justicia – CIJ de La Haya por los daños ambientales y en la salud de las personas causados por el herbicida que era llevado por el viento al otro lado de la frontera.
El pleito se resolvió en 2013 cuando Ecuador aceptó retirar la demanda a cambio del pago por parte de Colombia de una indemnización de 15 millones de dólares para la atención de los afectados.
Igualmente, Colombia se comprometió a no fumigar con glifosato en las proximidades de la frontera.
