Varios funcionarios públicos y otros particulares fueron capturados por los mismo hechos.
En total fueron cinco los capturados por ser los presuntos responsables de conformar una red de estafadores que engañaba a personas que querían adquirir vivienda. Los aprehendidos tendrían su accionar en Medellín y el Valle del Aburrá.
La medida cobijó a Margarita María Peña Gómez, abogada de víctimas de la defensoría pública; María José Elisa Álvarez Arbeláez, protocolista de la Notaría 18 de Medellín; y los particulares Óscar de Jesús Ortiz Álvarez, Mónica María Sánchez Velásquez y Marta Irene Velásquez Tapias.
Según información entregada por las autoridades, los capturados contactaban a personas que estaban en proceso de compra de una vivienda y les ofrecían inmuebles que supuestamente iban a ser rematados a un bajo precio, luego de eso les recibían dinero a cuotas pero después de unos meses no recibían ni vivienda ni la devolución de su inversión.
Los aprehendidos tienen cargos por 17 falsedades en documento público agravadas por el uso, 12 estafas, siete falsedades en documento privado, siete punibles de fraude procesal y concierto para delinquir. Además la abogada de la Defensoría fue imputada por el delito de obstrucción de la justicia.
Por el mismo proceso ya fue condenada a cinco años y dos meses de prisión, Luz Mercedes Mazo, presunta cabecilla de la organización.
