Según inteligencia de la Policía, se ha comprobado el desfalco de 232 millones de pesos, orquestado por directivos, funcionarios y hasta el gerente de un banco.
Con la operación “Fortaleza” quedó desarticulada la organización criminal que desfalcó y engaño a la Unidad de Víctimas de Antioquia, escándalo que tiene implicado al director Jorge Mario Alzate, funcionarios, personeros y al gerente de un Banco.
De acuerdo con investigaciones adelantadas por la Policía, el modus operandi de estas personas era filtrar información de las víctimas del conflicto armado, suplantarlas y así recibir las reparaciones económicas otorgadas por la Unidad de Víctimas en Antioquia.
Hasta el momento se ha logrado identificar once pagos de forma irregular con un total de 232 millones de pesos, un hecho que dejó en evidencia el maquiavélico proceder de esta organización criminal.
Ante estos hechos que fueron denunciados en primera instancia por la ciudadanía, fueron capturados seis hombres y una mujer, entre los cuales se destaca la presencia de Jorge Mario Alzate Maldonado director Territorial de la Unidad de Víctimas – Antioquia de 44 años de edad, además de funcionarios públicos, ex funcionarios y particulares, quieres serían responsables del desfalco de la Unidad.
Es por esta razón, la Fiscalía imputó a los capturados por los delitos como concierto para delinquir, falsedad documental, acceso abusivo a un sistema de datos personales, peculado y cohecho, entre otras conductas delictivas.
Entretanto, la Unidad para la Reparación de Víctimas de declaró como víctima de esta organización y aseguró mediante comunicado que “respeta el debido proceso y el principio de inocencia de las personas capturadas, y reitera su total disposición de colaborar con las autoridades en el proceso de investigación”.
Según la entidad estatal, en este 2016 han sido capturados 19 personas tanto tramitadores como servidores públicos vinculados al proceso de reparación de víctimas, 16 de los cuales ya han sido condenados.
De esta forma, quedó al descubierto un caso de corrupción, que no solo golpea la credibilidad de la Unidad de Víctimas, sino que pone en la palestra pública el mal proceder de funcionarios que deben velar por la seguridad e integridad de las personas que sufrieron con el conflicto armado.
